La Ciudad de México avanza hacia una nueva etapa en su política habitacional. Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina, presentó este miércoles el Bando 1 “Por una Ciudad Habitable y Asequible con Identidad y Arraigo Local”, una estrategia que agrupa 14 acciones estructurales para hacer frente a la gentrificación, contener los aumentos especulativos de renta y recuperar el derecho a la vivienda como un eje de justicia social.
El anuncio se dio en el marco de nuevas movilizaciones sociales contra el desplazamiento forzado, lo que añade un componente político y comunitario al debate urbano.
Durante el acto, Brugada convocó a construir un gran frente social que reúna a vecinos, organizaciones civiles, universidades, legisladores y al propio gobierno local para revertir las dinámicas de exclusión territorial.
“La ciudad no debe ser un privilegio de unos cuantos. Debe ser un derecho garantizado para todos y todas”, señaló, al tiempo que advirtió que el 60 por ciento de los capitalinos vive en condiciones de hacinamiento.
La mandataria estuvo acompañada por su gabinete, lo que evidenció la centralidad que tendrá el tema de la vivienda en su administración.
Las medidas van desde una regulación más estricta a las rentas en ocupaciones de corta estancia hasta la creación de una Defensoría de los Derechos Inquilinarios.
Entre los puntos clave destacan: limitar el alza de rentas al índice inflacionario reportado por el Inegi, establecer un Índice de Precios de Alquiler Razonable, y proponer una nueva ley de rentas justas, razonables y asequibles. Con ello, se busca prevenir el despojo indirecto de comunidades históricas y frenar la especulación.
El Bando 1 también prevé fortalecer la vivienda pública y social en zonas de tensión inmobiliaria, con nuevos programas de renta accesible, ampliación de vivienda progresiva, y estímulos a comercios locales para sostener la economía barrial.
Brugada aseguró que este es “el inicio de un proceso profundo, progresivo y estructural para transformar el acceso a la vivienda” y posicionó a la CDMX como “ciudad pionera en América Latina” en combatir la gentrificación desde una perspectiva de derechos humanos.
