El 11 de septiembre de 1973 marcó el inicio de la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet. Más de cinco décadas después, Chile aún carga con el peso de 1,469 personas desaparecidas, de las cuales 1,092 permanecen sin paradero conocido. Las excavaciones en el cuartel de Cerro Chena son apenas un símbolo de la lucha incesante de familias que durante años llevaron en soledad esta búsqueda, enfrentándose al silencio institucional y al encubrimiento sistemático.
El Plan Nacional de Búsqueda, impulsado en 2023 por el presidente Gabriel Boric, abrió una ruta inédita: el Estado asumió formalmente la responsabilidad de encontrar a los desaparecidos. A seis meses de que termine su gobierno, los colectivos de víctimas advierten el riesgo de que esta política se diluya con el cambio de administración. “Estamos ad portas de un cambio de gobierno y no sabemos qué va a pasar con este plan”, alertó Mónica Monsalves, presidenta de la Corporación Cerro Chena. Exige un organismo especial, autónomo y con presupuesto garantizado, aprobado por ley.
El propio Boric ha informado de más de cien diligencias en cementerios y sitios emblemáticos, entre ellos Colonia Dignidad, la Escuela de Suboficiales del Ejército y cementerios en al menos ocho regiones. Excavaciones, entrevistas a familiares, revisión de archivos y peritajes forenses han constituido la base de los avances. Sin embargo, el paso del tiempo es un enemigo difícil de revertir: “Pasaron más de treinta años desde el retorno a la democracia antes de que existiera una estrategia estatal permanente”, reconoció la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla.
A ello se suma el rastro borrado por operaciones de encubrimiento de la dictadura: cuerpos trasladados, fosas alteradas, documentos destruidos. De ahí la urgencia de dar rango de ley al plan. Quintanilla lo definió como prioritario: “El mandato de buscar a las personas desaparecidas debe perdurar en el tiempo y que las familias nunca vuelvan a quedar solas”.
El contexto político acentúa la preocupación. Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, advirtió que la posibilidad de que candidatos ligados al pinochetismo ganen poder obliga a blindar legalmente el plan. Propone desclasificación total de archivos militares, mecanismos de rendición de cuentas y la integración de expertos internacionales.
La búsqueda, subrayan familiares y especialistas, es un deber histórico e ineludible. Más allá de excavaciones puntuales, se trata de enfrentar una deuda con la memoria y con un país entero, que aún espera cerrar las heridas abiertas por el terror.
