La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, lanzó un enérgico exhorto a los expresidentes municipales que dejaron pendientes financieros ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), para que solventen las irregularidades detectadas en el ejercicio de recursos públicos.
El posicionamiento de la legisladora morenista se dio tras conocerse el reporte semestral de fiscalización superior correspondiente a los ejercicios fiscales de 2018 a 2022, en el cual se establece que 13 municipios de Puebla mantienen adeudos activos por un total de 189.3 millones de pesos, cuya justificación aún está pendiente.
Cero complacencias, cero excepciones
García Chávez fue enfática al señalar que la vigilancia del Congreso no tiene colores ni excepciones. En ese sentido, subrayó que los recursos públicos no son patrimonio personal ni botín político, y que quienes ocuparon cargos de representación están obligados a responder con claridad y transparencia.
La presidenta de la Jugocopo confió en que los y las exediles atenderán el último de los reiterados llamados hechos por la ASE para demostrar el ejercicio de sus cuentas públicas.
“La rendición de cuentas es una alta responsabilidad que los y las expresidentas municipales no pueden delegar a sus asistentes y conocemos de casos donde no han acudido a los llamados de la autoridad fiscalizadora a pesar de las oportunidades que les han brindado a todas y todos”.
Entre los municipios con mayores adeudos figuran Puebla capital, con 63.7 millones de pesos de deuda contratada en 2022; Zacatlán, con 19.1 millones; Chignahuapan, con 13.4 millones.
Estos pasivos, de acuerdo con la ASE, fueron adquiridos durante las administraciones salientes, principalmente a través de Banobras, con respaldo en participaciones federales como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Otros municipios que integran la lista son Atempan, Guadalupe Victoria, Chignautla, Huauchinango, Xicotepec, Acatzingo, Chiconcuautla, Zinacatepec, Zautla y Coatzingo, con montos que oscilan entre 1.6 y 10.6 millones de pesos aún por justificar.
