La Ley de Ciberseguridad sigue causando sorpresas. Mientras Movimiento Ciudadano (MC) cambió radicalmente su postura de rechazo sobre el delito de ciberasedio, al proponer una pena de 2 años para quien lo cometa, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) presentaría la acción de inconstitucionalidad contra el delito de ciberasedio hasta que el Congreso de Puebla haga la modificación a la reforma del artículo 480 del Código Penal.
La presidenta del organismo, Rosa Isela Sánchez Soya indicó que tras haber acudido a los foros para analizar la Ley de Ciberseguridad, se tomó la determinación de esperar a que el Poder Legislativo haga las modificaciones con base en las opiniones recabadas por ciudadanos, especialistas en el tema y autoridades estatales.
La funcionaria apuntó que la CDH está en “tiempo y forma” ya que dicha ley se publicó el 13 de junio en el Periodico Oficial del Estado y entró en vigor al siguiente día y se tiene un periodo de 30 días naturales después de la fecha de emisión para poder promover una impugnación por el delito de ciberasedio.
“Estamos esperando que el Congreso saque cómo va a ser modificada la ley, si fuera a través de la acción de inconstitucionalidad la podemos hacer, estamos en tiempo y forma, la modificación tendría que hacer antes del 15 de julio, entonces estamos en tiempo y forma para poder actuar».
Sánchez Soya apuntó que si se la modificación todavía sigue vulnerando algún tipo de derecho o que está contra la libertad de expresión se podría proceder a dicho recurso legal.
Sin embargo, defendió que la reforma no ha tenido la intención de darle connotación contra la libertad de expresión, además de que el gobernador Alejandro Armenta y el Congreso ya han declarado que la intención es proteger los derechos de menores y personas que son agredidas a través de redes sociales y medios electrónicos.
El pasado 22 de junio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció una acción de inconstitucionalidad contra la recientemente aprobada Ley de Ciberasedio en Puebla, al advertir que el artículo 480 del Código Penal local presenta ambigüedades que podrían vulnerar la libertad de expresión.
“La CNDH tiene su autonomía y es respetable, entonces cada uno hace sus temas propios, yo estoy revisando la modificación al artículo”, concluyó la titular de la CDH.
Mediante un comunicado, el organismo informó que, en ejercicio de sus atribuciones, ya trabaja en la elaboración de dicha acción legal, la cual será presentada y difundida públicamente en su momento.
Aunque la CNDH reconoció que las entidades federativas tienen la responsabilidad de legislar para prevenir y sancionar la violencia digital —especialmente la que afecta a niñas, niños y adolescentes—, subrayó que el artículo en cuestión puede ser utilizado para restringir indebidamente opiniones, críticas o manifestaciones en temas de interés público.
Congreso avanza en modificaciones
En tanto, la diputada local Laura Artemisa García Chávez informó que el Congreso del Estado avanza en la revisión del artículo 480 del Código Penal de Puebla, relacionado con el delito de ciberasedio, luego de las observaciones hechas por la CDH en Puebla y el llamado de la CNDH.
García Chávez detalló que la revisión será de manera exhaustiva y con criterios jurídicos claros, para definir la forma en que se aplicará la ley y evitar violaciones a derechos fundamentales, como la libertad de expresión.
«Tenemos que avanzar en la revisión, cumplir las observaciones y por eso se están trabajando puntos como la taxatividad penal, la libertad de expresión y cómo se aplicará a servidores públicos», explicó.
La legisladora precisó que hasta el momento no han recibido notificación de amparo alguno para analizar posibles derechos vulnerados.
Sin embargo, afirmó que sí habrá las modificaciones necesarias al artículo 480, por lo que las mesas de trabajo continuarán este viernes para poder atender las recomendaciones de la ciudadanía y de los diputados.
MC propone reducir penas y excluir a funcionarios como víctimas
La diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, propuso modificar la reforma al artículo 480 del Código Penal del Estado de Puebla para excluir a servidores públicos e instituciones gubernamentales como posibles víctimas del delito de ciberasedio.
Durante la sesión oridnaria de este jueves, la legisladora de Movimiento Ciudadano (MC) presentó una iniciativa para reformar la redacción del artículo y reducir de tres a dos años la pena de cárcel por la comisión del delito.
Además, redefine el delito como la conducta que debe repetirse dos o más veces, para considerar que afecta a las víctimas, principalmente menores de edad, sin incluir a los funcionarios públicos como posibles agraviados de este delito y con la protección al derecho de medios de comunicación a la libertad de expresión.
La redacción vigente sanciona el insulto, injuria, ofensa, agravio o vejación con insistencia, cuando causa daño emocional o físico. La nueva propuesta establece lo siguiente:
“Comete el delito de ciberasedio quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, coaccione, calumnie o incite a la violencia en contra de otra persona de manera reiterada produciendo una afectación a la integridad psicológica de la víctima”.
Además, se establece que:
“La coacción, calumnia o incitación a la violencia en contra de personas servidoras públicas o instituciones gubernamentales, no será considerado como ciberasedio; lo anterior sin perjuicio de las sanciones que procedan si resultare la comisión de otro delito”.
La iniciativa propone una pena de seis meses a dos años de prisión y una multa de cincuenta a trescientos días de la UMA vigente para quien cometa este delito, cuando anteriormente llegaba a los tres años.
En caso de que la víctima sea menor de edad, la sanción se incrementará desde una tercera parte de la pena mínima hasta dos terceras partes de la pena máxima y se omite la parte en la que señala que “se premusumirá el daño a la dignidad por tratarse de una persona en desarrollo psicoemocional y físico”.
Al menos tres amparos han sido tramitados en contra del Congreso de Puebla tras la aprobación de la denominada ‘Ley Censura’ y, en uno de ellos, un juez federal concedió una suspensión provisional a favor del denunciante.
Amparos presentados ante el Consejo de la Judicatura Federal
Beatriz Pérez Fragoso, regidora de San Andrés Cholula presentó dos amparos: 640/2025 y 666/2025 el pasado 1 de julio en los juzgados Quinto y Primero en Materia Penal del Sexto Circuito Judicial, los cuales se encuentran en trámite.
Roberto Celaya, escritor e investigador, presentó el amparo con folio 604/2025 el pasado 18 de junio, tramitado ante el Juzgado Quinto en Materia Penal de Puebla.
Logró que le fuera concedida la suspensión provisional para evitar le sea presentada una denuncia con base en el artículo 480 del Código Penal del estado, en tanto se resuelve su juicio de amparo.
De este último amparo, el pasado 2 de julio, el Congreso de Puebla respondió la notificación del Juzgado con un informe, del que se desprende lo siguiente:
“Agréguese a los autos el oficio del Director General de Asuntos Jurídicos de Estudios y de Proyectos Legislativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, mediante el cual rinde su informe previo; con su contenido dese vista a las partes en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo. Notifíquese”.
