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septiembre 19, 2025
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Caso Bermúdez: seguridad garantizada, claridad a la FGR y deslinde de Adán Augusto

La Presidencia dejó tres mensajes sobre el caso Bermúdez: seguridad garantizada en el Altiplano; pedido a la FGR para precisar la existencia y el sustento de una declaración de testigo protegido relacionada con la elección de 2018; y ausencia, por ahora, de elementos contra el senador Adán Augusto López Hernández. El avance del expediente quedará en manos del Ministerio Público y del juez.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la integridad de Hernán Bermúdez Requena está protegida en el Cefereso No. 1, Altiplano; instruyó que la FGR aclare si existe y con qué sustento la declaración de un testigo protegido sobre un presunto “acuerdo” para la elección de 2018 en Tabasco, y afirmó que, hasta ahora, no hay elementos que incriminen al senador Adán Augusto López Hernández.

La respuesta presidencial fue tajante: la seguridad de Hernán Bermúdez Requena “está garantizada”. Con esa definición, la custodia del interno queda bajo un estándar reforzado que implica vigilancia continua, control de accesos, registro de visitas y trazabilidad de movimientos al interior del penal federal.

Claudia Sheinbaum explicó que la protección incluye coordinación entre autoridades penitenciarias y de seguridad pública para evitar incidentes, agresiones o desatenciones médicas que puedan derivar en nulidades o en cuestionamientos sobre el trato a personas privadas de la libertad.

La promesa de resguardo, hecha en Palacio Nacional, obliga a reportes internos consistentes y a una supervisión más estricta del régimen de internamiento, con especial cuidado en áreas comunes, traslados y consulta legal.

Sin elementos contra Adán Augusto López Hernández

La Presidenta fue consultada sobre la situación del senador Adán Augusto López Hernández. Respondió que, hasta este momento, no hay elementos que lo incriminen. La postura fija el umbral de la conversación pública: no hay imputación ni indicios presentados por la autoridad que justifiquen un señalamiento.
El mensaje no equivale a cierre de puertas ante información futura. La posición se limita a lo dicho en la conferencia: ausencia de elementos en este momento. Cualquier cambio dependerá de actuaciones formales de la Fiscalía y de resoluciones judiciales.
Con esta aclaración, la Presidencia separó lo que está en la carpeta del Ministerio Público de lo que aparece en la discusión mediática. La referencia al estándar probatorio evita trasladar presunciones a actores que no están sujetos a imputación.

Lo que sigue en el proceso judicial

Tras el ingreso a un penal federal, la ruta procesal suele incluir control de detención, formulación de imputación, debate de medidas cautelares y resolución sobre la vinculación a proceso. Estas etapas quedan bajo control del juez de la causa.
La autoridad ministerial deberá presentar los datos de prueba que obran en la carpeta. El juzgado valorará su suficiencia y la legalidad de las actuaciones. De abrirse la fase de investigación complementaria, correrán plazos y diligencias con control judicial.
La Presidencia acotó su intervención a dos puntos: garantizar seguridad en reclusión y solicitar información precisa a la Fiscalía. La decisión sobre la situación jurídica corresponde al Poder Judicial con base en lo que se acredite en audiencia.

Roberto Cortez Zárate

Periodista y politólogo. Ha participado como conductor, locutor, editor, reportero y columnista en diversos medios de información nacionales y locales. Actualmente publica la columna Rockanrolario.

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