Con la reciente detención de Ángel Sierra de la Rosa, conocido como Cuco, dirigente del Frente de Rutas del Transporte Popular de Pasajeros, el gobierno estatal podría estar reactivando esfuerzos por desmantelar lo que muchos operadores califican como una “mafia del transporte”, sostenida durante años por una estructura económica y política que hoy vuelve a estar bajo la lupa.
El Cuco Sierra fue detenido este lunes a afueras de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) de Puebla, tras acudir a un trámite relacionado con una multa impuesta a un autobús de la ruta Galgos.
La captura ocurrió a las 13:50 horas, según el Registro Nacional de Detenciones (RND), y estuvo a cargo de agentes del Ministerio Público, quienes ya lo esperaban a las puertas de la dependencia estatal. Actualmente se encuentra a disposición de un juez de control, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.
Acusado de asesinato y señalado por choferes
La detención de El Cuco está relacionada con el asesinato de Esteban N., operador de la ruta S5, quien murió el pasado 10 de marzo durante una riña entre choferes en la carretera a San Andrés Azumiatla. Según testimonios recabados durante una reunión con el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, el 1 de abril, Sierra fue señalado directamente como el presunto autor material del homicidio.
En respuesta, la organización UPVA 28 de Octubre —a la que está vinculado el Frente de Rutas— emitió un comunicado rechazando la detención y aseguró que, de acuerdo con testimonios de operadores de la ruta S10, los implicados ya habían abandonado el lugar cuando ocurrió el crimen.
En un comunicado, señalaron que de acuerdo con versiones de transportistas presentes en una reunión con el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, el 1 de abril, en el encuentro se señaló directamente a Sierra como presunto autor material del homicidio, así como al dirigente de la organización, Xihuel Sarabia.
La 28 de Octubre y Antorcha Campesina sostienen una disputa por la rutas en Azumiatla, la cual ha escalado a conflictos como el del pasado 10 de marzo.
En las últimas semanas, la organización de vendedores ambulantes ha sido criticada por el gobierno del estado, ya que busca hacerse de concesiones del transporte público.
Además, la autoridad estatal, junto con el municipio de Puebla implementaron operativos en la zona de Los Estadios para de evitar que controlen espacios como el estacionamiento del auditorio GNP, donde sus integrantes cobraban de manera ilegal.
Un imperio sobre ruedas
Sierra de la Rosa y su socio, Delfino Reyes Bocardo, están identificados como los jefes de una red que concentra el control de rutas estratégicas del transporte público en Puebla. De acuerdo con documentos oficiales de la SMT, acumulan al menos 87 concesiones —aunque podrían ser más, registradas con prestanombres— de rutas como Galgos del Sur, San Ramón, Agua Santa y Capu.
Choferes entrevistados por el periodista Carlos Rocha afirman que deben entregar diariamente entre mil 400 y mil 600 pesos por unidad, mientras apenas les quedan 500 pesos de ganancia, además de cubrir el costo del combustible. Se estima que esta red recauda más de 100 mil pesos diarios en efectivo, es decir, cerca de 3 millones de pesos al mes.
El origen de su poder
El dominio de este grupo sobre el transporte se remonta a los gobiernos de Mario Marín (2005–2010), periodo en el que obtuvieron la mayoría de sus concesiones. En 2015, ya bajo la administración de Rafael Moreno Valle, se intentó desarticular esta red mediante un operativo que incluyó la detención de Sierra de la Rosa, José Alfredo Sierra Rosete y Rosalina Carpinteyro Calderón, todos ligados a la ruta 11 Norte-Sur, entonces con 117 concesiones concentradas.
Aunque Reyes Bocardo no fue detenido en ese momento, fuentes extraoficiales señalaron que también era buscado por las autoridades.
