El Ayuntamiento de Puebla, encabezado por José Chedraui Budib, decidió poner en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia formal contra exfuncionarios municipales de la administración panista de Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez, por su presunta responsabilidad en un desfalco financiero que supera los 547 millones de pesos.
Así lo confirmó el Tesorero municipal, Héctor González Cobián, quien explicó que tan solo 333.9 millones de pesos corresponden a adeudos que fueron heredados sin respaldo bancario.
A esto se suman 117 millones en contratos de obra pública firmados con recursos comprometidos en los meses finales de la pasada gestión y otros 96.2 millones en rubros prioritarios que nunca se incluyeron en el presupuesto.
“Se presentó una denuncia ante la FGE, por un tema puntual que no tiene que ver con las empresas que están pendientes de pago, sino más bien de la administración anterior, desgraciadamente no puedo ahondar porque está caminando”, dijo.
Aunque el gobierno actual ha cubierto la mayoría de los pasivos, González Cobián señaló que al cierre de mayo solo se podrá solventar alrededor del 80 por ciento de lo adeudado, debido a fallas administrativas y casos en los que las empresas proveedoras no pudieron comprobar la prestación de servicios, lo que podría implicar también incumplimientos contractuales.
Sobre la denuncia presentada ante la FGE, el tesorero precisó que no se trata de una querella contra las empresas, sino contra actos cometidos desde el corazón de la administración pasada.
Aunque evitó señalar nombres específicos, para no interferir en el proceso legal, dejó claro que las irregularidades detectadas ameritan una investigación a fondo.
En enero de este año, a solo dos meses de iniciar su gobierno, José Chedraui Budib ya había logrado reducir significativamente el déficit financiero heredado por la administración panista. De una deuda original de 547 millones de pesos, el monto se redujo a 380 millones, gracias en buena parte a una recaudación extraordinaria del impuesto predial.
Todo este panorama surgió tras una auditoría interna que reveló un escenario financiero crítico al inicio de la actual administración. Se descubrió que 10 por ciento del presupuesto anual había sido comprometido de forma indebida por el gobierno saliente.
Entre los hallazgos, se identificó un déficit bancario de 333.9 millones de pesos, contratos sin respaldo por 116.9 millones —principalmente en obras públicas— y una presión presupuestaria adicional de 96.2 millones.
La contralora municipal, Dulce Rivera Aranda, confirmó que hasta diciembre se habían detectado 368 observaciones, la mayoría por incumplimientos y anomalías no solventadas. Muchos de estos casos estaban relacionados con adeudos en arrendamientos, mantenimiento vehicular y servicios digitales, con 82 pagos sin respaldo presupuestal.
También se hallaron contratos asignados en los últimos meses del gobierno panista que comprometieron recursos más allá del periodo de su gestión, lo que derivó en las denuncias penales que hoy están en la mesa de la Fiscalía.
