En el municipio de San Andrés Cholula, la administración encabezada por Edmundo Tlatehui presumió ser cercana a la gente. Sin embargo, esa cercanía —en forma de supuestas “ayudas sociales”— dejó una huella financiera preocupante: 103 millones 933 mil 363 pesos observados como daño patrimonial en solo dos años, tan solo en ese rubro, según la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Esta cifra, lejos de representar un acto de asistencia pública, equivale a 17.3 por ciento de todas las irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador, que ascienden a 596.5 millones de pesos entre 2022 y 2023, es decir, casi una quinta parte de todas las irregularidades financieras detectadas tiene que ver con presuntas entregas sociales que, en muchos casos, no fueron comprobadas o ejecutadas de forma transparente.
La proporción cobra mayor gravedad cuando se compara con los presupuestos oficiales: lo que detectó la ASE de daño patrimonial en “ayudas sociales” representa una fracción alarmante del dinero destinado a rubros fundamentales como la obra pública, seguridad, servicios municipales y la nómina del gobierno municipal.
Por ejemplo, en el mismo periodo de 2022 y 2023, San Andrés Cholula destinó un total de 282 millones 263 mil 487 pesos a inversión pública, es decir, el presupuesto destinado a obras como pavimentación, infraestructura básica o mantenimiento urbano.
Si se contrasta esta cifra con los 103.6 millones de pesos observados en ayudas sociales, se obtiene que estos fondos equivalen a 36.7 por ciento del total invertido en obra pública. Dicho de otra forma, por cada tres pesos invertidos en infraestructura, uno más fue malgastado, mal dirigido o no comprobado bajo el rubro de ayudas sociales.
Otro caso revelador es el de la seguridad pública. En 2022 se asignaron 153 millones 247 mil pesos, y en 2023, 172 millones 909 mil pesos, sumando un total de 326.1 millones de pesos en dos años.
El dinero irregular detectado en ayudas sociales representa 31.7 por ciento de todo el presupuesto de seguridad pública, proporción que resulta alarmante si se considera que San Andrés Cholula ha enfrentado quejas crecientes por la inseguridad.
La situación no es distinta en los servicios municipales. En 2022, se presupuestaron 126.6 millones y en 2023, 129.3 millones más, para un total de 256 millones 001 mil pesos en el bienio, rubro en el que se incluyen servicios como alumbrado público, recolección de basura, mantenimiento de parques y espacios públicos.
Los 103.6 millones de pesos con observaciones financieras en ayudas sociales representan 40.4 por ciento del total del presupuesto para servicios municipales, es decir, por cada 10 pesos invertido en mantener funcional la ciudad, se observa que casi cuatro pesos terminaron siendo parte de un gasto social sin transparencia.
En lo que respecta al pago de sueldos y salarios, el capítulo 1000 del presupuesto municipal indica que se ejercieron en dos años 506 millones 510 mil pesos. Aquí, el monto irregular en ayudas sociales representa 20.4 por ciento del total de la nómina del gobierno municipal.
Así, una quinta parte del gasto en personal tiene su paralelo en recursos que deberían haber sido entregados a personas con necesidades, pero cuya ejecución hoy está bajo sospecha.
Una de las principales observaciones en el concepto de ayudas sociales radica en la falta de claridad en la documentación presentada por el Ayuntamiento de Edmundo Tlatehui.
Aunque se entregaron ciertos documentos, estos estaban desorganizados, lo que a decir de la ASE, impidió identificar con precisión a qué gastos correspondía cada comprobante.
Además, se omitieron archivos importantes como auxiliares contables, reportes de ingresos y egresos por fuente de financiamiento, y pólizas contables necesarias para verificar el uso adecuado de los recursos, lo que obstaculizó el análisis del gasto.
Otro punto crítico fue la omisión de documentos que justificaran legal y presupuestalmente el uso de recursos: no se presentaron requisiciones, cotizaciones, licitaciones, contratos ni autorizaciones presupuestales.
Tampoco se entregaron comprobantes fiscales suficientes, actas de entrega-recepción, lineamientos aprobados por el Cabildo o pruebas de que los beneficiarios cumplían con requisitos específicos, ausencia que dejó de evidencia que no hubo una correcta aplicación del gasto.
