El Gobierno de Puebla, a cargo de Alejandro Armenta, comenzó a rendir cuentas en materia de combate a la corrupción. De acuerdo con Alejandro Espidio, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, 49 exservidores públicos han sido sancionados en lo que va del año por diversas faltas administrativas, como resultado de un total de 471 expedientes abiertos por denuncias ciudadanas y observaciones internas.
El funcionario informó que entre las sanciones impuestas destacan dos destituciones, 28 inhabilitaciones —cinco por faltas graves—, 14 amonestaciones privadas, cuatro suspensiones y una amonestación pública.
Las investigaciones han alcanzado a personal de 22 dependencias estatales, donde se han detectado irregularidades relacionadas con omisiones, demoras injustificadas y posibles actos de corrupción.
Los casos con mayor número de señalamientos provienen de oficinas como el Registro Civil y el Registro Público de la Propiedad, instancias donde se concentran una gran parte de los trámites cotidianos de la ciudadanía, se habilitaron buzones de quejas para facilitar las denuncias directas de posibles abusos por parte del personal.
Recordó uno de los episodios más relevantes que ocurrió en la oficina del Registro Público en Teziutlán. Ahí, un ciudadano denunció el intento de soborno por parte de un servidor público el pasado 13 de enero.
La queja fue atendida por el Instituto Registral y Catastral, encabezado por Ricardo Fritz López, quien ordenó dar acompañamiento y protección a la víctima, además de presentar la denuncia formal ante las autoridades correspondientes.
Tras la investigación judicial y con apoyo de autoridades de Tlaxcala, el presunto responsable fue detenido el 3 de julio y trasladado a Puebla, donde quedó a disposición del Juez de Control de la Región Judicial Centro, bajo la causa penal 1440/2025.
En tanto que, el gobernador Alejandro Armenta afirmó que su administración mantiene una línea firme de cero tolerancia frente a la corrupción y que uno de los ejes centrales de su gobierno es combatir de raíz los vicios heredados, convencido de que, como afirmaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la corrupción debe barrerse “de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba”.
Por ello, anunció que próximamente operará un sistema integral de control y automatización de trámites en áreas como el Registro Civil, Catastro y el Registro Público de la Propiedad.
Esta modernización tecnológica, dijo, permitirá agilizar procesos y evitar el contacto directo con servidores públicos que, en muchos casos, pedían “moches” para agilizar trámites, como ocurrió en el Registro Público de la Propiedad en Teziutlán.
