Una red de corrupción con presuntos vínculos nacionales habría penetrado diversas instituciones del estado de Puebla, facilitando procesos de despojo y manipulación legal, reveló el gobernador Alejandro Armenta. Aunque no señaló directamente a personas o grupos, reconoció la existencia de estructuras que se comportan como mafias organizadas, entre ellas, lo que calificó como un “cártel de laudos”.
De acuerdo con el mandatario, estas redes, integradas por personas con poder económico y capacidad de influencia, habrían encontrado terreno fértil dentro de dependencias estatales del gobierno de Puebla y organismos como el Poder Judicial, el Registro Civil, la Fiscalía General del Estado y notarías públicas. Señaló que la colusión entre actores públicos y privados ha sido un obstáculo persistente para lograr una limpieza institucional.
Armenta advirtió que al iniciar su gestión se encontraron con una serie de juicios laborales que aparentemente fueron utilizados como mecanismo para obtener beneficios particulares.
“Era un negocio montar laudos en Puebla”, afirmó, y señaló que parte del proceso de depuración ha sido identificar y cesar a funcionarios que operaban a favor de estos intereses.
“Estamos atendiendo el tema con apego a la Ley, no podemos nosotros actuar sin realizar los procedimientos correspondientes porque son grupos que tienen poder económico y utilizan la fábrica de mentiras para generar percepción cuando los pones en evidencia, tienen poder económico y tienen vínculos nacionales”, apuntó.
El tema surgió tras revelarse el posible arribo a Puebla de un esquema ya documentado en Oaxaca, conocido como el “cártel inmobiliario”, que habría ejecutado despojos en municipios como San Andrés Cholula.
Sin embargo, los avances en la investigación han sido limitados debido al receso del Poder Judicial oaxaqueño, con el que aún no se concreta una colaboración formal.
En respuesta a una pregunta sobre el tema, el gobernador afirmó que su administración está actuando con apego a la legalidad, y pidió a la ciudadanía aportar pruebas que permitan abrir nuevas líneas de investigación.
Asimismo, sostuvo que estas redes suelen distorsionar la información cuando se ven descubiertas y que tienen capacidad para sembrar percepciones falsas en la opinión pública.
“Un delincuente que se vuelve funcionario público y que lo denuncias, todavía se defiende jurídicamente y le puede generar un daño al erario porque tienes que seguir el debido proceso. Se infiltran y operan para los delincuentes de cuello blanco o en las notarías a favor del cartel del despojo y tenemos que ser contundentes jurídicamente”, apuntó.
Hay 3 mil mdp pendientes en laudos
Al respecto, la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del gobierno de Puebla reveló que se arrastra un pasivo contingente por laudos laborales que supera los 3 mil millones de pesos, correspondientes en su mayoría a demandas laborales por despidos que datan de hace más de una década.
Así lo reconoció la secretaria de Planeación y Finanzas, Josefina Morales Guerrero, al confirmar que estos compromisos aún no se consideran deuda formal al estar pendientes de resolución judicial.
Morales explicó que dentro del apartado financiero de “otros pasivos”, se contemplan juicios laborales y mercantiles iniciados principalmente en 2015, año en el que, según señaló, hubo un recorte considerable de personal durante el cambio de administración estatal, en referencia al periodo del exgobernador Rafael Moreno Valle.
La funcionaria precisó que estos pasivos no tienen aún carácter vinculante para el erario, pero forman parte de un registro precautorio que responde a recomendaciones de auditorías externas sobre buenas prácticas financieras.
En este contexto, se mantienen fuera del reconocimiento oficial de deuda pública, a diferencia de los más de 5 mil 100 millones de pesos contratados con entidades como Banobras, que sí están debidamente reportados ante la Secretaría de Hacienda.
Aunque aseguró que la situación no implica una presión fiscal inmediata, Morales Guerrero no descartó que algunos de estos casos eventualmente deban resolverse con recursos públicos, dependiendo del fallo que emita la autoridad judicial correspondiente.
Por último, apuntó que, si bien hay expedientes abiertos desde los años 2000, la mayor parte del pasivo se concentra en el último cambio de régimen político en el estado, cuando el PAN asumió el control del Ejecutivo tras administraciones priistas.
El cartel oaxaqueño en Puebla
Desde hace años, familias en Puebla enfrentan despojos impulsados por redes notariales, pero ahora también un “cártel inmobiliario” de Oaxaca estaría involucrado.
El caso más reciente fue denunciado en redes sociales por Juan Carlos Ruiz, un abogado que desde Alemania expuso cómo desalojaron a sus inquilinos de una vivienda en la colonia Gobernadores, San Andrés Cholula, por una deuda que no es suya.
De acuerdo con La Silla Rota, el juez Paulino Coronel, de Oaxaca, ordenó el desalojo de seis familias en esa zona para saldar una supuesta deuda de un millón de pesos. Según medios nacionales, la orden fue ejecutada con el respaldo de autoridades judiciales y policiales de Puebla, específicamente por el juez de exhortos José Cuauhtémoc Blázquez.
Las víctimas aseguran que nunca fueron notificadas del proceso y que el juez oaxaqueño justificó el desalojo señalando falsamente que se trataba de un terreno deshabitado. Además, la propiedad en cuestión está hipotecada ante el Infonavit, lo que haría ilegal su adjudicación.
Entre las irregularidades que denuncian los vecinos, destaca que el predio fue clasificado por el juez como terreno baldío, pese a que hay construcciones habitadas y servicios públicos activos.
Además, el 17 de julio, un día después del desalojo, las familias fueron nuevamente hostigadas cuando intentaron acercarse al predio. Para los afectados, todo esto evidencia una operación conjunta entre jueces, policías y redes de despojo que actúan impunemente en Puebla.
