El Gobierno de Puebla ha retomado la batalla legal contra la empresa Melgarejo Construcciones y Concesiones S.A. de C.V. al presentar un recurso de revisión destinado a revertir una sentencia que podría obligar al Estado a pagar una indemnización de hasta 2,200 millones de pesos. El conflicto se origina en la cancelación de una concesión otorgada en 2012 para la construcción del Libramiento Poniente, un proyecto cuya finalidad era conectar el Arco Norte con la autopista Siglo XXI.
Antecedentes del conflicto
La obra, que finalmente nunca llegó a materializarse, fue uno de los diversos proyectos de infraestructura que el Estado canceló hace más de una década. Tras la revocación de la concesión, la empresa Melgarejo impulsó un proceso legal en el que reclama una compensación multimillonaria por los supuestos daños y perjuicios derivados de la cancelación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución reciente en la que ordenaba a la administración estatal cubrir un monto que supera los dos mil millones de pesos.
La postura del Gobierno de Puebla
Ante esta resolución, el coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, explicó que la administración de Armenta ha decidido impugnar la sentencia. Según García Parra, se interpuso un recurso legal fundamentado en que la exigencia de indemnización resulta injustificada, considerando que la obra en cuestión jamás se ejecutó y, por tanto, no generó las circunstancias habituales para el reclamo de compensaciones por daños materiales.
Intentos de conciliación y nuevos argumentos
En un giro interesante dentro del desarrollo del litigio, la empresa Melgarejo accedió a iniciar un proceso de conciliación, reduciendo su solicitud inicial de 2,200 millones de pesos a 998 millones. Este monto, que podría afrontarse en pagos escalonados, fue comparado por la contraparte con inversiones en otros proyectos estatales. Según la empresa, la cantidad reclamada equivale a la adquisición de más de 900 patrullas o cinco veces el presupuesto destinado al proyecto de videovigilancia de la autopista México-Puebla-Veracruz. Esta comparación subraya la importancia que le asigna la firma al pago en concepto de indemnización, situación que, como advirtieron, se litigará hasta sus últimas consecuencias.
