El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, lanzó un llamado directo a la justicia y a la memoria colectiva: “Que se investigue todo, no somos omisos ni cómplices”. Así, exigió reabrir los expedientes relacionados con el espionaje político durante el morenovallismo, cuando presuntamente se utilizó el software Pegasus para vigilar a opositores, activistas, periodistas y ciudadanos.
Luego de que a nivel nacional se han revelado nuevas pistas sobre el uso del sistema israelí Pegasus en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobernador poblano pidió que en Puebla también se retomen las indagatorias que apuntan hacia una red de vigilancia operada con recursos públicos durante el gobierno de Rafael Moreno Valle.
El mandatario aclaró que no se trata de hacer una cacería de brujas, sino de responder desde el gobierno ante las denuncias por posible corrupción, sin importar si son de su mismo partido.
“Lo de Pegasus, todo lo que tenga que ver con temas irregulares se tiene que aclarar y si hay sanciones se tienen que hacer, nuestro gobierno no persigue, pero tampoco somos omisos, porque la omisión es complicidad y el día de mañana, cuando ya no estemos, los órganos de fiscalización nos van a decir ¿Qué contestaste en este tema?”.
Espionaje morenovallista
Durante los últimos años, diversas investigaciones, testimonios y filtraciones han revelado una compleja y amplia red de espionaje político presuntamente operada desde el gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla, con el uso del software espía Pegasus, así como otros sistemas de hackeo como Galileo, de la firma italiana Hacking Team.
Esta operación habría tenido como blanco a opositores, activistas, periodistas, empresarios e incluso a integrantes de la propia política poblana.
Una de las últimas veces que el tema del espionaje sonó con fuerza fue en 2022, cuando Jesús Ramírez Cuevas, otrora coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, confirmó públicamente que Moreno Valle adquirió Pegasus para vigilar a opositores de izquierda.
Ramírez afirmó que no solo el expresidente Enrique Peña Nieto utilizó el sistema de espionaje, sino también gobernadores como el exmandatario poblano, a título personal, algo prohibido por las regulaciones internacionales del proveedor israelí NSO Group.
«¿Sabían que hay particulares que tienen Pegasus, sabían que la empresa le vendió al exgobernador Moreno Valle la licencia para vigilar a opositores de izquierda?», dijo en una Feria del Libro.
También recordó que durante la etapa en la que López Obrador era líder opositor, muchos de los integrantes de su movimiento fueron espiados con Pegasus e incluso mencionó que él mismo, junto con otros colaboradores, detectaron que sus teléfonos estaban infectados.
Versiones periodísticas apuntan que Pegasus se estrenó en Puebla durante el proceso de privatización del agua potable en 2014, como un mecanismo de vigilancia y control sobre legisladores, empresarios y activistas que se oponían al proyecto.
Según el análisis, el espionaje fue una herramienta que aseguró la aprobación del contrato con la concesionaria. Además, Pegasus habría sido utilizado para monitorear a funcionarios del propio gobierno federal, como parte del proyecto presidencial que Moreno Valle intentó consolidar antes de su fallecimiento en 2018.
Nidos de vigilancia
Pero en Puebla, las denuncias no eran nuevas. Un año antes de las declaraciones públicas emitidas por el exfuncionario, en 2021, el entonces gobernador Luis Miguel Barbosa anunció que el gobierno de Puebla entregaría a la Fiscalía General del Estado documentación relacionada con el uso de sistemas de espionaje en el sexenio de Moreno Valle.
Entre otras cosas, indicó que fueron identificados “nidos de vigilancia” en Puebla, junto con los nombres de quienes los operaban, y aseguró que presentaría ese material ante la Fiscalía para desentrañar el caso.
“No sé si existe este sistema o si se lo llevó alguien. Si se compró, debe estar por ahí, a lo mejor en una bodega, no sabemos”.
El morenista conocía de fondo el tema, incluso mucho antes de haber llegado al gobierno. Desde agosto de 2017, mientras era Senador, Barbosa respaldó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por parte del exagente del Cisen, Rodolfo Raúl González Vázquez, bajo el expediente FED/SEIDF/CGI-UE/0001938/2017. La denuncia vinculaba a Moreno Valle y su operador, Eukid Castañón, con una red que interceptó comunicaciones de políticos nacionales y locales, incluyéndolo a él mismo.
El exagente del Cisen testificó sobre la existencia de esta red de espionaje, al asegurar que fue parte de un equipo que captó más de 30 mil conversaciones. La ejecución técnica recaía en Roberto Rodríguez Acosta, coordinador de operaciones del sistema. Ambos habrían estado bajo el mando directo de Moreno Valle. González, quien trabajó en el Cisen durante 11 años y recibió entrenamiento por parte del Mossad, fue reclutado en abril de 2015 para suministrar información política.
En conferencia de prensa en el Senado, González Vázquez detalló que el sistema clandestino de vigilancia funcionó entre 2014 y 2016 y que entre los espiados se encontraban los secretarios de Estado Miguel Ángel Osorio Chong, José Antonio Meade, Luis Videgaray y Rosario Robles, así como la ex primera dama Margarita Zavala. El sistema fue operado a través de programas como Galileo, que infectaban los dispositivos móviles con correos falsos y permitían acceso total a los metadatos, agendas, mensajes y llamadas.
Dijo que existieron amenazas directas contra personas vigiladas y que Moreno Valle y su operador controlaban directamente estas acciones. Aquí, Miguel Barbosa acompañó en la denuncia formal de estos hechos, aunque las investigaciones fueron archivadas bajo la Procuraduría General de la República durante el sexenio peñista.
El exagente aseguró que se apartó del grupo en junio de 2016, cuando la operación dejó de limitarse al espionaje y se le pidió localizar y “levantar” a Anwar Salomón, por sospechas de haber filtrado información a la prensa. La orden incluía extraerle información y “eliminarlo”, bajo instrucciones que, aseguró, están documentadas en los audios entregados a la PGR.
También denunció que los pagos para mantener el sistema de espionaje eran otorgados por la Secretaría de la Contraloría de Puebla, a través de la esposa de Rodríguez Acosta, lo que demostraría el uso de recursos públicos. Mostró un recibo como prueba.
Pájaros en el alambre
Las sospechas sobre el uso de softwares espía por parte del morenovallismo se remontan incluso varios años atrás. En 2015, The New York Times Magazine y el portal LADO B, documentaron que este gobierno panista había adquirido además el sistema Galileo, también utilizado con fines políticos.
Estas herramientas habrían permitido el acceso remoto a dispositivos electrónicos y fue utilizada, según revelaron filtraciones de Hacking Team, para infiltrarse incluso en casas de campaña de rivales políticos como Ernesto Cordero durante las elecciones internas del PAN.
También se identificó su uso contra periodistas y académicos, mediante virus informáticos y programas de recolección de datos adquiridos en abril de 2013.
Una de las grandes interrogantes es qué sucedió con Pegasus después de la salida de Moreno Valle del poder. Según el periodista Fermín García, hay indicios de que el software no quedó bajo resguardo del gobierno estatal ni fue desactivado, sino que fue transferido a particulares, quienes habrían continuado utilizándolo con fines políticos.
El fallecido político Alberto Amador Leal, exfuncionario del Cisen, habría advertido que el software podría estar operando desde casas particulares, hoteles o fachadas empresariales, e incluso haber caído en manos de grupos del crimen organizado o de intereses privados.
Hoy el tema ocupó la atención mediática una vez más, luego de que una investigación internacional publicada por el diario israelí The Marker reveló que dos empresarios israelitas, Avishai Neria y Uri Ansbacher, pagaron 25 millones de dólares en sobornos para que el gobierno de Peña Nieto les diera vía libre para vender Pegasus en México.
