Como parte de esta cruzada, el Periódico Oficial del Estado publicó este miércoles un decreto mediante el cual se prorroga por cuatro meses el Programa de Regularización en Materia de Servicios Auxiliares de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos.
Este periodo adicional busca dar oportunidad a los prestadores de estos servicios para que se pongan en regla y obtengan las concesiones y permisos necesarios.
Durante estos cuatro meses, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), a cargo de Silvia Tanús, podrá emitir lineamientos técnicos para facilitar el cumplimiento normativo. Además, se implementarán jornadas de orientación y se permitirá la participación de entes especializados para acelerar el proceso de revisión de documentación.
El acuerdo también señala que los avances deberán ser reportados bimestralmente al Ejecutivo del estado, incluyendo el número de inspecciones, permisos otorgados y solicitudes en trámite o rechazadas.
Cuando exista inactividad administrativa de los concesionarios durante más de 60 días naturales, los trámites serán declarados abandonados sin responsabilidad para la SMT.
Esta acción llega luego de que organismos empresariales como Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) interpusieron 62 quejas formales por abusos en los cobros de arrastre y estancia en corralones, lo que encendió las alertas en el gobierno estatal.
Recientemente, el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, reveló que, en Puebla, únicamente 17 de los 117 corralones en operación —lo que representa apenas 14.5 por ciento— cumplen con los requerimientos legales establecidos.
El funcionario precisó que las principales irregularidades detectadas están relacionadas con deficiencias en materia de seguridad, la falta de seguros, condiciones sanitarias inadecuadas y la ausencia de cercado perimetral.
Por ello, la Secretaría de Movilidad y Transporte otorgó un plazo de cuatro meses para que los establecimientos se regularicen, al advertir que, de no hacerlo, se emprenderán acciones legales en su contra.
El gobernador Alejandro Armenta señaló que anteriormente los cobros por estos conceptos oscilaban entre 150 mil y 200 mil pesos, mientras que actualmente van de 6 mil a 15 mil pesos.
