Su declaración fue un golpe directo al modelo de concesiones carreteras que, según señaló, priorizó el negocio sobre la seguridad de la ciudadanía: contratos leoninos entregados a empresas privadas, diseñados no para responder al interés público, sino para llenar bolsillos durante décadas.
Eso trajo como consecuencia, explicó el mandatario, que nadie pueda obligar a los concesionarios a ampliar uno o dos carriles adicionales las vialidades que tienen bajo su control pese al grave incremento de la afluencia con el paso de los años.
Conclusión: la tragedia ocurrida este miércoles que le arrebató la vida a 21 personas.
Armenta arguyó que tanto la carretera Cuacnopalan-Oaxaca como la Perote-Veracruz operan bajo el mismo esquema inseguro para los usuarios, lo que ha provocado múltiples accidentes que han cobrado la vida de decenas de personas.
“En el viejo régimen, con empresarios corruptos del viejo régimen, se hacían las concesiones para beneficiar y enriquecer a unos cuantos, aunque el riesgo de quienes ocupaban las carreteras no fuera importante, yo no soy omiso y tengo que decir que quienes firmaron esas concesiones, firmaron concesiones de muerte, de saqueo”, fustigó.
Una de las autopistas mencionadas por Armenta es la Cuacnopalan-Oaxaca, que de acuerdo con el portal Proyectos México del gobierno federal, fue concesionada el 30 de septiembre de 2011 —durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa— al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
La duración del acuerdo: seis décadas, es decir, el contrato caducará hasta el 2071. En ese documento, firmado por la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno panista, se dejó a discreción del concesionario la ampliación de carriles aun cuando el tráfico se incrementaría con los años, lo que para Armenta no solo fue negligencia, sino corrupción institucionalizada.
El mandatario sostuvo que lo mismo sucedió con la autopista Amozoc-Perote, cuya concesión, de acuerdo con el mismo portal revisado por Desde La Silla, fue otorgada por el gobierno de Vicente Fox Quesada en 2003 a Grupo Autopistas Nacionales, cuya raíz se encuentra en OHL, la constructora española ampliamente conocida por su pasado de corrupción.
La duración del contrato también fue por 60 años y con cláusulas que permitieron el aumento de tarifas, pero sin obligaciones claras para invertir en mejoras que garantizaran la seguridad de quienes transitan por ella todos los días.
@desde_lasilla 🚨 Tragedia en Tehuacán: 21 d3c3s0s y 20+ h3r1d0s en choque en autopista Cuacnopalan-Oaxaca. Pipa de gas con fallas chocó autobús y camioneta. Hay 9 maestros fallecidos, incluida una profesora embarazada. Smart Transports cubre gastos. Sigue la investigación. #Puebla ♬ sonido original – Desde La Silla
“No soy omiso, sé que esto que digo ya no tarda en que algún carroñero diga que estoy en contra de la iniciativa privada. Estamos a favor de los empresarios, los queremos y apoyamos. Estamos en contra de la corrupción, venga de donde venga”, sentenció Armenta.
Y en ese “venga de donde venga” también incluyó al Poder Judicial. Armenta cuestionó la viabilidad de emprender una batalla legal para revisar o cancelar las concesiones.
Con sorna, mencionó que, si su administración decidiera impugnar el contrato, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, “nos va a contestar como lo hizo con el proyecto del Libramiento”.
El mandatario afirmó que la tragedia reciente no fue un accidente fortuito, sino el resultado previsible de una ecuación peligrosa: crecimiento vehicular + ausencia de ampliación = muerte en la autopista.
“Implicaría que las empresas concesionarias hicieran el siguiente carril para que fueran dos carriles de ida y dos de regreso, pero quienes hicieron los contratos, no pensaron en el interés público (…) No se puede obligar al concesionario a ampliar el siguiente carril porque la concesión fue hecha leoninamente para proteger al concesionario y poner en riesgo al usuario”, externó.
