Ahora que muchos se rasgan las vestiduras y acusan que la Ley de Ciberseguridad es una mordaza a la libertad de expresión, es indispensable analizar el fondo de la iniciativa porque, contrario a lo que se cree erróneamente, esta herramienta jurídica es una de las mejores aportaciones que se han hecho en los últimos años para hacer frente a la gran letrina en que se han convertido las redes sociales.
Comencemos por aclarar que esta iniciativa no tiene su origen —como estúpidamente se difunde— en lo que un cobardito, que atraviesa por sus 15 minutos de fama, ha publicado en la cuenta La Aldea Poblana.
El documento es consecuencia del comportamiento de la clase política y el círculo rojo en el uso perverso de las redes sociales, sobre todo en el uso del anonimato como moneda corriente para incurrir en todo tipo de bajezas: insultar, injuriar, ofender, agraviar, vejar a una persona de manera insistente con la única finalidad de causarle el mayor daño posible a su reputación, honor e integridad emocional.
Quienes aseguran que, por el hecho de criticar a una autoridad porque no está haciendo su papel, se les puede acusar de ciberacoso, no han entendido que su conducta debe incurrir en una categoría específica: ser insistente al grado de que su supuesta crítica termine por ser un verdadero asedio contra una persona determinada.
La cobardía del anonimato ha permitido eso y más. A diferencia de los periodistas —que estamos plenamente identificados, con nombre y apellido, medio de comunicación y referencias diversas sobre nuestra práctica periodística—, la nefasta red de cuentas anónimas que saturan las redes sociales se vale precisamente de esta condición para actuar impunemente.
Las discusiones en redes están plagadas de estos bots que se erigen como portadores de una opinión que debe ser escuchada, a pesar de que esté plagada de la más absoluta bajeza humana.
A eso hay que agregarle las granjas de bots que cumplen con la finalidad de maximizar discursos vejatorios, xenófobos, discriminatorios, misóginos y demás lindezas, para acabar con la reputación de alguna persona o sembrar en la discusión una falsa narrativa validada desde el anonimato.
Todo esto ha abierto el canal directo para la aparición de violentadores digitales que nadie sabe quiénes son, pero que operan con el financiamiento, patrocinio y apoyo de políticos, periodistas, empresarios, organizaciones y “especialistas” en redes.
Este nefasto ecosistema digital ha sido alentado por todos los partidos políticos, candidatos, gobiernos y empresas que se venden al mejor postor. La consecuencia es que el nivel del debate ha derivado en tal grado de toxicidad que se ha hecho costumbre la bajeza en todos los sentidos.
Los periodistas no hemos estado exentos de los excesos de crítica. Muchos hemos incurrido en varias ocasiones en esa situación, a pesar de que la obligación deontológica de los periodistas está intrínsecamente ligada al equilibrio informativo, a la veracidad y al debate basado en hechos.
La Ley de Ciberseguridad es la mejor oportunidad para hacer un análisis minucioso sobre qué tipo de práctica periodística se realiza, para no separarse de esos principios deontológicos.
¿Hay una censura o una limitante en esta nueva ley para el ejercicio periodístico? No. Por el contrario, a medios y periodistas nos lleva a asumir la responsabilidad de ponderar el nivel del debate y la sana autorregulación, para dejar el hígado y poner los datos y la inteligencia en la mesa de discusión.
Los medios no somos escuadrones de combate —aunque muchos así se comporten—, y la mejor enseñanza que nos dejó la elección del candidato de Morena a la gubernatura de Puebla en 2023 fue que nos olvidamos de hacer periodismo y nos convertimos en militantes de grupos políticos.
Nunca como antes, medios y periodistas estamos obligados a asumir una mayor responsabilidad en lo que escribimos, decimos y aseguramos. ¿Acaso ya se nos olvidó que uno de los peores casos periodísticos de fechas recientes fue cuando un medio digital se atrevió a dar difusión a una denuncia falsa contra una persona cercana al gobernador de Puebla, en la que se le acusaba de homicida y violentador sin que hubiera una sola prueba de por medio?
Quienes incurrieron en esa situación intentaron minimizar el hecho, optaron por no decir una sola palabra y apostaron a que, con el paso de los días, “muriera el tema”.
Si los anónimos digitales han cobrado vigencia, es porque encontraron campo fértil en un mundo en el que los periodistas olvidamos hacer nuestra tarea. Allí entran incluso aquellos que han hecho grandes negocios jugando a la oposición. ¿O acaso creen que ignoramos que la información que manejan no es producto de una investigación, sino de filtraciones acompañadas de un buen sobre de dinero para que sean ampliamente difundidas?
En Puebla, el ejercicio periodístico está en crisis desde hace muchos años. Esa es la realidad. Pero eso no significa que estemos dispuestos a que el debate sea dirigido por cobardes detrás de un celular o computadora, que han tejido muy buenas alianzas con personajes de todo tipo.
Los aliados de estos violentadores anónimos también son aquellos que, por el hecho de montar un estudio de transmisión por internet, creen tener solvencia moral para escupir cuanta estupidez creen que es importante. Los hay de todos: sujetos que se disfrazan, exfuncionarios rapaces, diputados zen cuya principal cualidad es odiar mucho, empleadillos que perdieron las canonjías, supuestos justicieros sociales incapaces de actuar equilibradamente, etcétera.
Son estos integrantes de ese nefasto ecosistema digital y sus financiadores quienes se oponen a la Ley de Ciberseguridad. Son ellos los que han activado la red de granjas de bots para acusar de persecutor y tirano al gobernador Alejandro Armenta.
Son estos cobardes anónimos y sus financiadores los que están preocupados. Quieren “doblar” al gobernador porque saben que, de una u otra forma, se sabrá que tienen las manos metidas en esta práctica, y eso será perjudicial para sus intereses rumbo a 2027. ¿Cómo podrán llegar a negociar, a sabiendas de que son parte del círculo que se detesta en el centro neurálgico de la toma de decisiones?
La virulencia con que han actuado y la radicalización de su discurso solo los ha exhibido de cuerpo completo.
Ellos son a quienes está dedicada esta ley.
Al resto nos toca recordar que el equilibrio y el buen periodismo siempre tendrán un espacio bien ganado.
