Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llevó al terreno internacional su ofensiva contra Morena al denunciar a Adán Augusto López Hernández, coordinador de la bancada oficialista en el Senado. La denuncia fue dirigida a instancias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos: el Departamento del Tesoro, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA).
El priista compartió en sus redes sociales una captura del escrito enviado, en el que acusa a López Hernández de estar involucrado en delitos con impacto transfronterizo: robo de petróleo crudo, contrabando y lavado de dinero. En el documento se señala al exsecretario de Gobernación como integrante de una estructura delictiva vinculada a funcionarios de alto nivel durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
La denuncia retoma información de inteligencia militar filtrada por el colectivo Guacamaya, que expuso los presuntos vínculos de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco bajo el gobierno de López Hernández, con la organización criminal conocida como La Barredora, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Dichos reportes, elaborados por la Secretaría de la Defensa Nacional, advertían de su relación con grupos de narcotráfico al momento de su nombramiento.
Moreno asegura que Adán Augusto encubrió estas actividades y permitió que personajes con antecedentes criminales ocuparan cargos clave. En su mensaje, acusó que la infiltración del crimen organizado en el gobierno morenista “se permitió desde los más altos niveles del poder”.
Diagrama de presuntos narcopolíticos
El presidente del PRI difundió además un diagrama donde incluye a varios integrantes del primer círculo de seguridad de la administración de López Obrador. Ahí aparecen Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia, acusado por el Tesoro de lavado de dinero a través de Vector Casa de Bolsa; Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad Pública y hoy gobernador de Sonora; y Américo Villarreal, actual mandatario de Tamaulipas.
Según Moreno, estos funcionarios habrían tenido vínculos con grupos criminales y actuado con complicidad del propio López Obrador y de Adán Augusto.
Mientras tanto, en territorio nacional, la diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, presentó una demanda de juicio político contra Adán Augusto López. La legisladora acusa al exgobernador de Tabasco de incurrir en tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento, delitos que habrían favorecido a La Barredora.
La solicitud busca su destitución inmediata como senador y su inhabilitación hasta por 20 años, además de abrir procesos penales si se acredita su responsabilidad. La diputada argumenta que López conocía las advertencias de inteligencia y omitió actuar.
El movimiento de Moreno ocurre en medio de una estrategia sistemática para vincular a Morena con el crimen organizado. En meses recientes acudió a Washington, donde sostuvo encuentros con legisladores republicanos y concedió entrevistas a Fox News, plataforma mediática clave para sectores conservadores en Estados Unidos.
El caso coloca nuevamente a Adán Augusto López en el centro de la polémica, en un momento en que Morena busca consolidar su fuerza en el Congreso. Tanto la denuncia internacional como la demanda de juicio político anticipan una escalada de confrontaciones políticas y judiciales que podrían impactar la agenda legislativa en el Senado.
