La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, decretó un toque de queda nocturno en el centro de la ciudad, en respuesta a las protestas desatadas por las recientes redadas migratorias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el despliegue de fuerzas federales. La restricción estará vigente desde las 20:00 horas de este martes hasta las 6:00 del miércoles, en un perímetro aproximado de 2.5 kilómetros cuadrados.
La decisión se tomó tras cinco días de movilizaciones que derivaron en actos vandálicos y el saqueo de al menos 23 establecimientos, según lo informado por las autoridades locales. “Llegamos a un punto de inflexión”, expresó Bass durante una conferencia, tras confirmar que 67 personas fueron arrestadas por bloquear la Autopista 101 durante las protestas.
La orden exceptúa a residentes locales, personal de medios acreditados y trabajadores de servicios esenciales. Aun así, la advertencia es clara: quien no tenga un motivo válido y circule por la zona será detenido y procesado.
La ola de inconformidad ha trascendido las fronteras de California. Ciudades como San Francisco, Austin, Dallas y Nueva York también reportan protestas masivas, con más de 300 personas detenidas en total. Las movilizaciones se mantienen mayoritariamente pacíficas durante el día, pero al caer la noche se han registrado choques con policías, uso de gas lacrimógeno y represión con balas de goma, como ocurrió en Santa Ana y el centro de Austin.
Desde Washington, el presidente Donald Trump defendió el envío de 4,700 elementos de la Guardia Nacional y marines a Los Ángeles, pese a la oposición del gobernador Gavin Newsom. El estado presentó una moción de emergencia para limitar la intervención militar a funciones de resguardo federal, sin facultades para participar en operativos migratorios. Un juez federal analizará el caso este jueves.
La retórica del mandatario se intensificó al calificar a Los Ángeles como “basurero” y advertir que la represión será “igual o mayor” en otras ciudades. Líderes demócratas, organizaciones civiles y figuras del sindicalismo, como David Huerta —arrestado el viernes pasado—, han expresado su rechazo a lo que consideran una militarización injustificada.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a Estados Unidos respetar el derecho a la protesta y proteger a la comunidad migrante. Desde el sur de California hasta el Bajo Manhattan, el repudio crece frente a lo que muchos ven como una ofensiva federal contra los derechos civiles.
