El nuevo acuerdo entre el gobierno de México y las principales empresas refresqueras marca un giro en la relación entre la salud pública y una de las industrias más poderosas del país. El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, informó que tras anunciarse el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas, las compañías del sector buscaron un acercamiento con la Secretaría de Salud para establecer una ruta de colaboración.
El compromiso alcanzado establece que el IEPS permanecerá en 3.08 pesos por litro, tanto para las bebidas azucaradas como para las calóricas. A cambio, las empresas se comprometieron a reducir en treinta por ciento el contenido de azúcar en el lapso de un año, diferenciar los precios de los productos light y cero, y eliminar la publicidad dirigida a niños y adolescentes.
“El propósito es muy claro: que tomemos menos refresco y que las personas tomen decisiones más saludables”, sostuvo Clark, al precisar que los compromisos deberán hacerse públicos. “La industria tendrá que publicar sus compromisos; sin ser obligatorios, representan una meta medible para que la ciudadanía sepa si cumplen o no”, agregó.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el objetivo del impuesto no es recaudatorio sino preventivo. “La COFEPRIS debe medir que efectivamente se cumpla la disminución de azúcar. Lo que buscamos es un cambio cultural en el consumo”, subrayó.
El acuerdo, que implica una transición gradual en las fórmulas y en el etiquetado, busca reducir los índices de diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares, males asociados al alto consumo de azúcar. México se mantiene entre los países con mayor consumo de refrescos por persona a nivel mundial.
Especialistas en nutrición han señalado que esta política podría significar un precedente importante en materia de salud pública, siempre que se acompañe de campañas de información y mecanismos de verificación estrictos. Las empresas deberán transparentar sus procesos de reformulación y garantizar que la reducción de azúcar no se compense con sustitutos nocivos o con estrategias de marketing engañosas.
El pacto, más que un acto de conciliación, representa un intento de reequilibrar la relación entre una industria históricamente poderosa y un Estado que, por primera vez en décadas, le impone límites en nombre de la salud colectiva.
