La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el supuesto acaparamiento de agua por parte de la familia LeBarón, a través de concesiones otorgadas cuando uno de sus miembros era delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Chihuahua, representa “un privilegio del pasado” y una práctica irregular. Señaló que los permisos otorgados —concesiones y pozos de agua— fueron entregados de forma irregular a favor de familiares y allegados, lo que calificó de corrupción.
Sheinbaum explicó que este tipo de abusos motivaron la reforma a la Ley General de Aguas Nacionales, cuyo objetivo es ordenar el uso del agua, evitar el acaparamiento y asegurar que el recurso llegue a quienes realmente lo necesitan.
Respecto al caso específico de los LeBarón, la mandataria sostuvo que no se trata solo de revocar concesiones de forma arbitraria, sino de revisar la legalidad de los pozos, identificar los que se otorgaron de manera irregular e iniciar mesas de trabajo con productores y comunidades afectadas para reubicar cultivos o actividades industriales que hagan uso intensivo del agua.
Sheinbaum señaló que en la zona de Chihuahua existe un uso “muy ineficiente del agua”, especialmente en cultivos como el nogal, que requieren grandes cantidades del recurso en una región con estrés hídrico, lo que agrava la escasez y fomenta desigualdades en el acceso al agua.
Finalmente, la reforma aprobada busca garantizar el derecho humano al agua, impedir que unas cuantas personas concentren un recurso esencial, y restablecer la equidad en el acceso al líquido, sobre todo en regiones con escasez.
Posteriormente, Adrian LeBarón puso un post en el que indicó que México, segundo país más peligroso para ejercer el periodismo.
«México está en guerra, un conflicto intestino que provoca muertes, deja pueblos fantasmas y dolorosos exilios».
Reitero que México se mantiene como el segundo país más peligroso y mortal para periodistas, solo por debajo de Palestina, nación inmersa en un conflicto que generó indignación mundial. En el territorio mexicano, la violencia contra comunicadores continúa creciendo en un contexto marcado por injusticias, criminalidad y regiones dominadas por grupos que someten a comunidades enteras».
