La política mexicana no entiende de silencios.
Todo gesto comunica, todo like tiene peso y cada tuit puede mover estructuras.
Así ocurrió hace unos días, cuando José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, publicó en su cuenta de X una lista de personajes “comprometidos con la justicia social” a los que, si pudiera, daría su voto para formar parte del Poder Judicial.
El mensaje, que a simple vista parece una opinión personal, pero se convirtió rápidamente en un termómetro político.
Entre los mencionados aparece Arely Reyes, magistrada en Puebla y una de las figuras más visibles en el espectro jurídico estatal.
¿Su inclusión en la lista no fue casual?
En política no hay coincidencias, y menos cuando los mensajes vienen desde el círculo obradorista
¿Línea o recomendación?
¿O se trata simplemente de un reconocimiento a trayectorias destacadas?
Ambas interpretaciones caminan en paralelo.
Porque si bien es evidente que el lopezobradorismo aún intenta marcar agenda desde fuera del poder formal, también lo es que Arely Reyes ha construido una carrera que no necesita empujones artificiales.
Su nombre ya circulaba en los pasillos jurídicos y políticos desde antes del tuit de José Ramón.
Desde Puebla, el gobernador Alejandro Armenta ha sido claro: su gobierno será respetuoso del proceso, aunque lo seguirá de cerca.
La posición no es menor.
En un estado donde la judicialización de la política ha sido recurrente, el papel del Ejecutivo local frente a los cambios en la Corte cobra especial relevancia.
Pros y contras
En medio de este panorama, el país se acerca a un momento inédito: la elección popular de ministros, magistrados y jueces.
Un cambio estructural que podría llevar a la democratización del Poder Judicial… o a su politización irreversible.
Los pros son evidentes: abrir las puertas de una institución cerrada, someter a escrutinio público a quienes hoy deciden sin rendir cuentas, y devolverle al ciudadano algo de poder.
Pero los contras también pesan: campañas costosas, influencia partidista y hasta del crimen organizado y la amenaza de que el derecho se subordine a la demagogia.
El reto, entonces, es doble.
Para los aspirantes, demostrar independencia, solvencia y visión jurídica.
Para los votantes, informarse más allá de los nombres impulsados en redes sociales o en listas con tufo a consigna.
Porque al final, el Poder Judicial no puede ser botín ni refugio, sino tiene que ser el muro que resista los embates del poder, venga de donde venga.
Y por eso es fundamental participar.
Este 1 de junio, no basta con indignarse desde el sillón.
Hay que ir a las urnas.
No para validar una línea, sino para romperla.
Para elegir con conciencia, no con obediencia.
Porque el país necesita jueces y ministras con trayectoria, sí.
Pero sobre todo, con integridad.
Asi que a revisar a cada uno de los candidatos y a votar.
Tiempo al tiempo.
