Policía de Tehuacán dispara al aire para dispersar intento de linchamiento

La agresión a un joven frutero desató disturbios; la policía intervino con violencia y se investigan posibles abusos.

La madrugada del 22 de mayo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tehuacán reprimieron con violencia una protesta vecinal en el fraccionamiento La Concordia. Durante el operativo, arrojaron gas lacrimógeno, lanzaron disparos al aire y vandalizaron motocicletas. La intervención fue documentada en videos que circularon ampliamente en redes sociales.

La movilización ciudadana había comenzado la noche anterior como respuesta a la agresión sufrida por Misael Galván, un menor vendedor ambulante golpeado por Julio Flores Cabrera y su hijo Gerson Flores Cid, apoyados por Rosa Isela Cid Huerta. El ataque ocurrió en la vía pública, tras la negativa del joven a mover su puesto de cocos del frente del negocio familiar.

El altercado se desató cuando el menor se negó a quitar su puesto ambulante, instalado frente al negocio familiar de los agresores. En videos difundidos por redes sociales, se observa cómo el menor es golpeado en repetidas ocasiones hasta quedar inconsciente y sufrir convulsiones por un aparente golpe en la cabeza al caer.


Los hechos, registrados en video, fueron difundidos en redes sociales. El caso causó indignación en Tehuacán y derivó en una protesta que escaló en horas. Hacia la noche del 21 de mayo, un grupo de habitantes se movilizó hacia el domicilio de Julio Flores Cabrera y Gerson Flores Cid. El contingente creció rápidamente y se registró el incendio de un automóvil cercano, seguido por actos vandálicos hacia la vivienda.

Responden con garrote en mano

Ante esta situación, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tehuacán, incluyendo unidades antimotines, arribaron alrededor de la medianoche al fraccionamiento La Concordia. Portaban equipo táctico, escudos, gases lacrimógenos y armas de fuego.

Videos grabados por vecinos muestran el momento en que policías encapuchados avanzan en formación cerrada. Algunos se dirigieron directamente hacia un grupo de repartidores en motocicleta.
Las grabaciones captaron golpes con toletes a las unidades, y posteriormente disparos al aire que provocaron la dispersión de los presentes. Se observa a un motociclista huyendo a toda velocidad tras ser embestido por los uniformados.

La escena quedó marcada por el uso intensivo de gas lacrimógeno, que se esparció en varias cuadras, afectando incluso a transeúntes y habitantes no involucrados en la protesta. El humo blanco cubrió la zona mientras los pobladores intentaban resguardarse o retirarse del sitio.

En otra grabación de 16 segundos, se aprecia cómo una decena de elementos destruye una motocicleta estacionada, sin que se observe provocación alguna. Al fondo, ciudadanos observan sin intervenir, en estado de confusión e indignación.

La violencia del operativo fue ampliamente condenada en redes sociales y llevó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla a abrir una investigación de oficio, señalando el posible uso excesivo de la fuerza y la afectación directa a derechos fundamentales de los manifestantes.

Ante la violencia del operativo policiaco, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla informó que abrió una investigación de oficio por posibles violaciones a los derechos de los manifestantes.

En paralelo, la Fiscalía General del Estado (FGE) también abrió una carpeta de investigación por la agresión a Misael, un joven de 23 años que vende cocos y piñas en la vía pública. El ataque ocurrió en la colonia El Rosario, cuando fue agredido por Juan Flores Cabrera y su hijo Gerson Flores, propietarios de una refaccionaria ubicada sobre la calle Independencia Oriente, entre las calles 25 y 27 Sur.

El conflicto fue captado en video y se volvió viral desde el mediodía del 21 de mayo. En las imágenes se observa cómo los agresores exigieron a Misael retirar su mototaxi con mercancía del lugar; ante su negativa, comenzaron a golpearlo brutalmente hasta provocarle convulsiones.

 

Gobierno estatal activa protocolo

El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, confirmó que se activó el protocolo contra linchamientos para rescatar a una mujer —identificada como parte de la familia agresora— retenida por los manifestantes. Declaró que no hubo víctimas mortales y que la intervención de cuerpos estatales y federales impidió un desenlace trágico.

“La esposa de este sujeto fue liberada en la madrugada. Hubo desastres, pero hasta ahí; no pasó a mayores”, declaró el funcionario, quien también informó que la Fiscalía General del Estado abrió carpetas de investigación tanto por la agresión al menor como por los actos de violencia comunitaria.

Aguilar Pala añadió que la Fiscalía General del Estado inició carpetas de investigación tanto por la agresión directa a Misael como por los actos vandálicos registrados durante la protesta. Recalcó que habrá consecuencias para todos los responsables, incluidos posibles abusos de autoridad.


 

Historial de la familia Flores Cid

La familia Flores Cid tiene vínculos políticos directos. Rosa Isela Cid Huerta es pariente de David Cid Huerta, expresidente del Concejo Municipal de Cañada Morelos, nombrado en 2018 tras conflictos poselectorales. En esa demarcación, el apellido Cid ha sido mencionado en denuncias por corrupción, abuso de poder y agresiones contra opositores.

En el municipio de Nicolás Bravo, también en la Sierra Negra, integrantes de esta familia han sido señalados por amenazas contra comerciantes y acaparamiento de recursos públicos. Estos antecedentes agravan la percepción social sobre impunidad en su entorno político.

En redes sociales, la imagen del joven con el rostro visiblemente golpeado desató una ola de mensajes que exigían justicia. La agresión quedó asentada en la carpeta CDI/FIM/TEHUACÁN-1/007200/2025, presentada ante la Fiscalía Metropolitana, que habría brindado medidas precautorias al menor.

Hasta ahora, Julio Flores y Gerson Flores Cid siguen prófugos. Las autoridades no han informado sobre detenciones ni sanciones contra los agentes implicados en el desalojo. El gobierno estatal ha reiterado que no habrá impunidad, aunque la población de Tehuacán mantiene una postura crítica por la actuación de la policía local.

Iván Rivera e Ilse Aguilar

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