A una semana de que la Fiscalía General del Estado (FGE) lo puso en la mira por presuntos vínculos con delitos de extorsión, robo a transportistas y negocios, así como distribución de drogas, Gerardo Cortés Caballero, alcalde de Cuautempan, no ha formalizado su solicitud de licencia al cargo.
En los cateos efectuados por la FGE en cuatro inmuebles vinculados al edil y a su padre, Gerardo Cortés Betancourt, exalcalde del mismo municipio, se aseguraron armas de fuego, drogas, documentos y vehículos, algunos con reporte de robo. Las diligencias, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), se llevaron a cabo en propiedades ubicadas en Cuautempan y Ahuacatlán.
Las investigaciones apuntan a que el presidente municipal podría encabezar una red criminal dedicada al cobro de “derecho de piso”, secuestros, narcomenudeo y uso de recursos de procedencia ilícita. Además, se han documentado denuncias por nepotismo, abuso de autoridad y omisión de funciones.
El 12 de mayo, el cabildo aprobó una licencia de 20 días presentada por Cortés Caballero, aunque su paradero continúa desconocido. La solicitud fue enviada al Congreso del Estado de Puebla, mientras las autoridades estatales mantienen un despliegue de seguridad en el municipio, asumido por la SSP para garantizar el orden.
Desde el inicio del caso, la FGE ha abierto al menos ocho carpetas de investigación. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, aseguró que no habrá impunidad y que la ley se aplicará con objetividad.
El clima en Cuautempan permanece tenso, con una población que exige respuestas y teme represalias. El edil, electo por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), suma más de una semana sin ser localizado. Las autoridades estatales continúan su búsqueda, sin que hasta ahora se confirme una orden de aprehensión.
Hasta el momento, la FGE no ha emitido una declaración final sobre el estatus legal del alcalde, aunque los hallazgos en sus propiedades fortalecen las sospechas en su contra. Entre los objetos incautados también figuran documentos con nombres, montos y rutas, presuntamente vinculados al cobro de extorsiones y control territorial.
La falta de claridad sobre su paradero y la negativa inicial a separarse del cargo agravan el escenario político en la región, donde la estructura de gobierno local opera de manera parcial ante la ausencia del edil y el temor entre funcionarios municipales.
La administración estatal reiteró que el control del municipio se mantendrá bajo vigilancia directa mientras se esclarece la situación jurídica de Cortés Caballero. La FGE confirmó que continuará las investigaciones y no descarta nuevas acciones penales en los próximos días.
