José Asunción Murguía Santiago, presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta implicación en el caso del Rancho Izaguirre, sitio señalado como centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Fuentes del gabinete de seguridad federal confirmaron que la FGR acusa al edil, perteneciente al partido Movimiento Ciudadano, de delincuencia organizada y omisión, al no haber actuado pese a haber sido informado sobre las actividades ilegales que se desarrollaban en dicho predio.
Murguía asumió el cargo en 2021, el mismo año en que, de acuerdo con investigaciones federales, comenzó a operar el Rancho Izaguirre como un centro de reclutamiento y adiestramiento del CJNG.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, declaró recientemente que por este caso se han judicializado 14 procesos por delincuencia organizada y desaparición forzada, todos relacionados con homicidios ocurridos en el rancho. Además, señaló que continuarán ejecutándose órdenes de aprehensión contra funcionarios locales que hayan tenido alguna participación.
En marzo pasado, Murguía Santiago ofreció una entrevista al medio local El Occidental, en la que aseguró estar dispuesto a colaborar con las autoridades. “Si me investigan, que me investiguen. Yo estoy limpio y dispuesto a declarar lo que sé”, afirmó entonces, negando tener conocimiento previo del funcionamiento del rancho.
También expresó su preocupación por el impacto económico del caso en la región: “Lo que más me preocupa es el daño que esto puede causar al comercio local, que vive del turismo”, dijo.
La detención del alcalde representa un paso más en la investigación federal sobre el Rancho Izaguirre, donde en marzo pasado fueron descubiertos restos humanos, objetos personales y presuntos crematorios clandestinos por parte de colectivos de búsqueda.
La historias detrás del rancho Izaguirre
El 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró en el rancho tres crematorios clandestinos, junto a prendas, montones de zapatos, objetos de santería y cartas de despedida, señales del drama de las desapariciones forzadas en México. Las impactantes imágenes fueron difundidas en redes sociales, medios nacionales y por la propia Fiscalía de Jalisco.
Ante estos hallazgos, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió medidas cautelares al Estado mexicano para garantizar el resguardo adecuado de los restos y objetos personales encontrados.
Sin embargo, el pasado 29 de abril, Gertz Manero negó que existan pruebas de que en el rancho se hayan incinerado cuerpos. Si bien reafirmó que el lugar funcionaba como un centro de reclutamiento y entrenamiento del CJNG, puntualizó que solo se hallaron fogatas y una pequeña vasija con fragmentos óseos cuya antigüedad está en análisis.
Organizaciones como Amnistía Internacional han exigido a la FGR escuchar a las madres buscadoras y permitir peritajes independientes. “El país no puede tolerar más zonas de impunidad”, señaló la ONG en su cuenta oficial.
Este viernes, el colectivo Guerreros Buscadores regresó al predio tras obtener una orden judicial. Acompañados por elementos federales, entraron al rancho alrededor de las 11 de la mañana para atestiguar las labores de investigación realizadas por la FGR. Su ingreso ocurre tras días de tensión, luego de que el fiscal pusiera en duda los hallazgos del colectivo.
El caso Rancho Izaguirre sigue generando controversia y reclamos de verdad y justicia por parte de las familias de desaparecidos, quienes exigen que las autoridades no den marcha atrás en las investigaciones.
Con información de El Universal
