Vania Pérez Morales, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, cuestionó la respuesta que recibió del Senado tras solicitar una audiencia para entregar firmas ciudadanas que exigen que Enrique Inzunza Cázares deje su escaño mientras enfrenta acusaciones de presuntos vínculos con el crimen organizado.
La promotora de la campaña “Acusado de narcotráfico, Inzunza debe dejar el Senado”, impulsada junto con Alexander Navarro en la plataforma Change.org, dio a conocer el oficio la noche del jueves. En el documento, la Dirección General de Asuntos Jurídicos señala que pedir licencia es una decisión personal del senador y que su permanencia está sujeta a las disposiciones legales correspondientes.
La respuesta fue emitida por instrucciones de Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva, y dirigida a Pérez Morales y Navarro. Para sustentar su postura, el área jurídica citó artículos de la Ley Orgánica del Congreso General y del Reglamento del Senado.
No obstante, Pérez Morales sostuvo que el objetivo de la solicitud era otro: conseguir una reunión con la Mesa Directiva para entregar las firmas y pedir que el legislador enfrente las investigaciones sin fuero.
“La omisión y el silencio frente a acusaciones tan graves también son una forma de complicidad política”, manifestó al reprochar la respuesta institucional.
El número de firmas reportadas difiere entre medios. Azucena Uresti publicó que la petición reunió 26 mil 183 apoyos, mientras que Ríodoce consignó 26 mil 162.
La iniciativa tuvo como antecedente la entrega de más de 20 mil firmas el 29 de septiembre, cuando Pérez Morales y Navarro acudieron al Senado junto con la senadora del PRI Paloma Sánchez. La jornada estuvo marcada inicialmente por un forcejeo para ingresar al recinto, que después fue resuelto.
Las exigencias se producen luego de que autoridades de Estados Unidos formularan señalamientos contra Inzunza por presuntos vínculos con el crimen organizado. El senador ha afirmado que es inocente, por lo que las acusaciones deben distinguirse de una responsabilidad judicial acreditada.
Hasta ahora, el oficio difundido se limita a señalar que la licencia depende del propio legislador. No anuncia una investigación del Senado ni una comparecencia de Inzunza relacionada con los señalamientos.
