El amparo promovido por las madres buscadoras Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil contra la FGR y las fiscalías estatales señala a los titulares de las 32 entidades por la presunta omisión de interconectar en tiempo real sus bases de datos con el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF).
La lista de autoridades señaladas, de acuerdo con el documento reproducido por Infobae, es la siguiente:
- Aguascalientes: Manuel Alonso García.
- Baja California: María Elena Andrade Ramírez.
- Baja California Sur: Antonio López Rodríguez, procurador.
- Campeche: Jakson Villacis Rosado.
- Chiapas: Jorge Luis Llaven Abarca.
- Chihuahua: César Jáuregui Moreno.
- Ciudad de México: Bertha María Alcalde Luján.
- Coahuila: Federico Fernández Montañez.
- Colima: Bryant Alejandro García Ramírez.
- Durango: Sonia Yadira de la Garza Fragoso.
- Guanajuato: Gerardo Vázquez Alatriste.
- Guerrero: Zipacná Jesús Torres Ojeda.
- Hidalgo: Francisco Fernández Hasbun.
- Jalisco: Salvador González de los Santos.
- Estado de México: José Luis Cervantes Martínez.
- Michoacán: Israel Vega Rodríguez, encargado de despacho.
- Morelos: Fernando Blumenkron Escobar.
- Nayarit: Elvia Ludmila Heredia Verdugo.
- Nuevo León: Javier Flores Saldívar.
- Oaxaca: Bernardo Rodríguez Alamilla.
- Puebla: el documento reproducido por Infobae no especifica el nombre; e-consulta señala a Idamis Pastor Betancourt.
- Querétaro: Víctor Antonio De Jesús Hernández.
- Quintana Roo: Raciel López Salazar.
- San Luis Potosí: María Manuela García Cázares.
- Sinaloa: Claudia Zulema Sánchez Kondo.
- Sonora: Gustavo Rómulo Salas Chávez.
- Tabasco: Óscar Tonathiú Vázquez Landeros.
- Tamaulipas: Irving Barrios Mojica.
- Tlaxcala: el nombre no está especificado en el documento reproducido.
- Veracruz: Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.
- Yucatán: Juan Manuel León León.
- Zacatecas: Cristian Paul Camacho Osnaya.
Además de los fiscales estatales, el recurso señala a Ernestina Godoy, titular de la FGR, así como a autoridades y áreas especializadas relacionadas con la operación y coordinación del sistema forense nacional.
Las promoventes buscan que un juez federal ordene la interconexión efectiva del BNDF para que la información genética, dactilar y de restos humanos pueda confrontarse de manera automatizada y en tiempo real. El objetivo, sostienen, es agilizar la identificación de personas desaparecidas y la entrega de cuerpos a sus familias. En Puebla, la Fiscalía estatal reportó hasta agosto de 2026 la entrega de 160 cuerpos identificados a sus familiares.
