Fue la última de 13 primeras fábricas textiles que se instalaron en América Latina durante el siglo XIX. Su ubicación privilegiada, en los límites entre Puebla y Tlaxcala, permitió el aprovechamiento del río Atoyac.
La Covadonga nació oficialmente el 15 de octubre de 1897 y rápidamente se convirtió en la tercera más importantes del estado, seguida de La Constancia y Mayorazgo. Su importancia histórica, además, se halla en que allí se forjó el primer sindicato de la industria textil, lo que llevó a la creación del monstruo de las mil cabezas sindical.
Por 109 años, la fábrica operó con altibajos hasta que, en 2006, siendo propiedad del grupo El Asturiano, cerró sus puertas oficialmente a consecuencia de un conflicto sindical que nunca logró solventarse.
Fue así que, las más de 22 hectáreas pasaron a ser tierra muerta y la propiedad cambió de manos. Por su importancia histórica, el inmueble representaba una plusvalía pocas veces vista, fue fraccionado, comercializado y otra parte donada a la fundación Julita y Alonso IAP.
Pero la inactividad desató el deseo de muchos y en el mundo de las invasiones, el que golpea más fuerte es el que dicta las reglas.
Y los que golpearon más fuerte ahora se les conoce como Los Inmaculados, un grupo de presuntos invasores que el 9 de abril de 2023 invadieron 8 hectáreas de terreno. Su arribo pareció más una escena de película: Unas 100 personas armados hasta los dientes, rompieron cerrojos del lugar e introdujeron maquinaria para seccionar lotes.
Pese al llamado de auxilio, las autoridades no han podido hacer nada para desalojar, al menos en tres ocasiones, a los rijosos.
Eso dio pie a su empoderamiento. Primero dividieron el predio en 450 lotes y los han comercializado en 300 mil pesos. Después, fueron por más tierra. El pasado 8 de febrero de este año, otro grupo de 50 inmaculados invadió otras cuatro hectáreas.
¿Quién realmente está detrás de este grupo? Para Jesús González Schmall, abogado de la fundación Julita y Antonio IAP, los rastros llegan hasta la empresa Propiedad de Agua Inmaculada, quienes habrían fraccionado el terreno y vendido los lotes de forma irregular en los últimos dos años.
Desde entonces, lo que era tierra para proyectos sociales terminó fraccionado, ofertado y vendido como si fuera pan caliente: terrenos de 118 metros cuadrados por 250 mil pesos, o hasta 350 mil si dan a la esquina y se anuncian “ideales para negocio”.
Pero hay un detalle que a muchos compradores se les pasó: no hay escrituras, no hay certeza, no hay legalidad. Solo promesas y recibos firmados en notarías que, según los abogados, alteran la ubicación real de los predios, trasladándolos mágicamente de Puebla a Cuautlancingo.
El abogado de la fundación no escatimó en palabras al describir el drama: fueron despojados de 123 mil metros cuadrados en la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza, junto a la antigua carretera Puebla-Tlaxcala. Una mitad de ese terreno fue usada para instalar una planta embotelladora, la otra, loteada como si fuera legítima.
Las víctimas que llegan a comprar estos lotes, como suele pasar en estos casos, no son especuladores ni empresarios. Son familias sin acceso a créditos hipotecarios, trabajadores que buscan un terreno propio y ven en estas ofertas una oportunidad “fácil” de tener un patrimonio.
“Las personas no revisan los documentos, no van a inmobiliarias serias, no preguntan al municipio. Solo confían en que, si hay una notaría de por medio, todo está bien”, agregó Carolina León Soriano, presidenta de la Asociación para la Defensa del Gremio Inmobiliario.
Lo más alarmante es que las denuncias no solo apuntan a particulares. También involucran a funcionarios del Registro Público de la Propiedad de Cholula y del área de Catastro en Cuautlancingo, quienes, a decir de la fundación Julita, habrían facilitado certificados falsos o creado claves prediales inexistentes.
La Fiscalía Anticorrupción del Estado ya tiene el caso en sus manos. Pero mientras avanzan los expedientes, en La Covadonga los lotes siguen apareciendo en anuncios y se siguen vendiendo.
