Daniel Ortega no canceló formalmente las elecciones en Nicaragua, pero una nueva reforma constitucional modifica las reglas políticas del país y extiende el mandato presidencial a siete años, con los próximos comicios previstos para 2028.
La reforma establece además la figura constitucional de “traidor a la patria”, una condición que puede impedir a una persona ser candidata, formar parte de un partido o participar en la vida política del país.
El cambio se suma a una serie de modificaciones impulsadas durante el gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Primero se estableció la copresidencia y posteriormente el periodo presidencial pasó de cinco a seis años; ahora se amplía a siete.
Con el nuevo calendario, Nicaragua transitará 2026 sin una elección presidencial competitiva. La oposición, mientras tanto, enfrenta restricciones constitucionales que reducen todavía más sus posibilidades de participar.
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio calificó el proceso como una consolidación de una “dinastía”, mientras el Parlamento de Nicaragua defendió las modificaciones como una reforma constitucional.
El resultado es un sistema en el que no necesariamente se prohíbe votar, pero sí se limita quién puede aparecer en la boleta y bajo qué condiciones puede competir.
