Su sola mención es motivo suficiente para que los conductores poblanos los eviten a toda costa. Las historias de corrupción y abusos que allí se tejen se cuentan por centenas. Pero, quizás, el principal agravio se halle en la impunidad con la que gozan los propietarios y operadores de los corralones que operan en la entidad.
El asunto es de tal gravedad que basta un solo dato: Siete de cada 10 de estos establecimientos operan de forma ilegal, lo que significa que los propietarios de vehículos deben hacer frente a un sitio cuya única ley es la que imponen dueños y organizaciones que, por la buena o por la mala, operan estos lugares.
Para hacer frente a esta situación, el gobernador Alejandro Armenta Mier tomó una decisión que pocos se atrevieron en el pasado: meterlos en orden. Y el primero golpe lo dará en donde más les duele: el bolsillo.
La traducción legal será la adecuación de las diferentes leyes de ingresos de los municipios donde operan los corralones para que la tarifa sea mínima. Luego vendrá la supervisión continúa y poner en marcha todo el aparato de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) para frenar cualquier abuso.
Fue el mismo Alejandro Armenta quien reveló que solo 30 por ciento de los corralones en la entidad operan legalmente, por lo que procederá a la clausura del resto y así evitar que se conviertan en “centros de saqueo” para transportistas y automovilistas.
¿De cuántos sitios estamos hablando?
Hasta julio de 2024, el gobierno del estado tenía detectada la operación de 235 depósitos de automóviles, de las cuales solo 78 cumplían con las condiciones legales y materiales, mientras que el resto, 157, entraron a la categoría de “piratas”. Pero el gobierno actual ha detectado al menos mil depósitos de vehículos.
La decisión no es nada sencilla, ya que detrás de esos establecimientos se encuentran organizaciones que operan como auténticas mafias y se valen de dos servicios: el arrastre de grúas y los depósitos de automóviles.
Hay casos detectados, por ejemplo, de conductores que sufrían un percance vial en la capital poblana, pero su vehículo era confinado en un corralón de municipios como Tecamachalco o Tepeaca, lo que dejaba una jugosa ganancia a las empresas de grúas que prestaban el servicio, quienes seguramente estaban coludidas con los depósitos o eran los mismos dueños.
En mayo de 2021, el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta fue el primero en exhibir el negocio ilegal de Antorcha Campesina en este rubro.
“Antorcha Campesina es la mayor responsable debe este asunto a nivel de tener corralones ilegales, de cerrarlos y de abrirlos. Pero son delitos y todos esos delitos se van a sancionar contra los responsables, no crean que se van a quedar riéndose de la autoridad como siempre lo han hecho en otros gobiernos solapados”, afirmó en una conferencia de prensa del 17 de mayo de 2021, según consiga el portal MTP Noticias.
En marzo, Alejandro Armenta dio el primer aviso y convocó a los concesionarios de corralones y servicios de grúas en el estado a regularizarse, pues señaló que muchas de estas empresas se convirtieron en un “calvario” para los conductores y en “nidos de corrupción”.
Del 3 al 10 de marzo, las empresas tenían que presentarse en las instalaciones de la SMT para presentar sus documentos que acreditaran la operación de sus negocios. Solo 86 acudieron de forma voluntaria.
Señaló que las quejas hacia algunas empresas eran por hacer un cobro excesivo para resguardar las unidades en los corralones, donde de acuerdo con el mandatario, las unidades son desmanteladas en caso de falta de pago, a los pocos días que son llevadas.
“Es tan delincuente el que hace eso con las grúas y los corralones, como los que asaltan en las carreteras. No hay omisión ni tolerancia, vamos a hacer la inspección, ya estuvo a ponerse en orden”, apuntó.
La revelación del nivel de ilegalidad con el que operan los corralones se hizo este martes, durante la puesta en marcha del Operativo Paradero Seguro, en el municipio de Amozoc, donde el mandatario poblano también dijo que esta acción es en respuesta a los a las demandas del sector empresarial que ha pedido mayor seguridad en las carreteras.
«Ya se hizo una revisión de todos los corralones de Puebla… 70 por ciento no están regulados, entonces ya tenemos la revista, vamos a intervenir y vamos a clausurar los corralones que se convierten en centros de saqueo para los transportistas, para que la gente que sufre el robo en el transporte, no sufra el robo en el arrastre y luego en el corralón”, expresó.
Recordó que la advertencia no solo es para los dueños de corralones y grúas, sino también para funcionarios de la Secretaría de Movilidad, a quienes ha pedido actuar sin omisión y sin corrupción ante este tema que ha lacerado a los transportistas y automovilistas.
“Si ustedes conocen de un funcionario que le cobre un moche, una milpa, por un trámite para liberar su vehículo y agilizar el trámite, nos dicen e inmediatamente vamos a despedir a la persona que violente está a disposición que estamos dando”, expresó.
Ya en entrevista, Armenta Mier reveló que hay más de mil corralones en el estado que cobran entre 100 y 200 mil pesos por liberar un vehículo, por lo que muchos transportistas prefieren dar por perdida su unidad, ya que sale más caro recuperarlos.
“Hay estadísticas donde sale más caro al transportista, el arrastre de la grúa y recuperar su vehículo en el corralón, porque tiene cinco o seis semanas guardados, que lo que le robaron, o es más caro el resguardo que el valor de la unidad”
Desde el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina se enviaron las iniciativas de reformas a la Ley de Transporte y a la Ley de Ingresos en donde se establecieron nuevas disposiciones normativas y tarifarias de arrastre, grúas y depósitos, con el objetivo de terminar con los abusos, mismas que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado (POE) en septiembre de 2024.
