La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció un conjunto de acciones consulares, diplomáticas y legales para atender los casos de mexicanos fallecidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, una situación que el gobierno federal ha calificado como inaceptable.
Entre las principales medidas destaca la participación del Estado mexicano como amicus curiae en una demanda colectiva presentada en California, específicamente por las condiciones en el centro de detención de Adelanto, donde se han documentado presuntas irregularidades en la atención médica y en el trato a personas detenidas.
Asimismo, la Cancillería informó el envío de notas diplomáticas de protesta dirigidas a autoridades estadounidenses, en las que exige investigaciones exhaustivas, transparencia en los casos y garantías de no repetición. De forma paralela, se reforzó la atención consular a familiares de las víctimas, brindando acompañamiento legal y seguimiento directo a cada caso.
Como parte de la estrategia internacional, el gobierno mexicano llevará el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde solicitará una audiencia temática para visibilizar la situación y documentar posibles violaciones a derechos humanos en centros de detención migratoria.
El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, ha señalado que estas acciones buscan establecer responsabilidades y mejorar las condiciones de detención, ante reportes de opacidad, deficiencias médicas y condiciones inadecuadas en diversas instalaciones.
De acuerdo con cifras oficiales, entre 2025 y marzo de 2026 se han registrado al menos 13 o 14 muertes de mexicanos bajo custodia de ICE o durante operativos migratorios en distintos estados de Estados Unidos. Las causas reportadas incluyen complicaciones médicas no atendidas, suicidios y situaciones derivadas de operativos.
El caso más reciente ocurrió el 25 de marzo en el centro de detención de Adelanto, California, donde se acumulan varios fallecimientos de connacionales en los últimos meses, lo que ha encendido alertas en el gobierno mexicano.
La administración federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, reiteró que continuará utilizando todos los mecanismos diplomáticos y jurídicos disponibles para proteger a los mexicanos en el exterior y garantizar el respeto a sus derechos humanos.
