La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este martes 24 de marzo un proyecto que podría redefinir el combate al lavado de dinero en el país, al plantear que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenga la facultad de congelar cuentas bancarias sin orden judicial previa.
La propuesta fue elaborada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien sostiene que esta medida debe considerarse constitucional al tratarse de una acción administrativa de carácter preventivo, y no de una sanción penal.
El proyecto busca validar la inclusión de personas en la llamada “Lista de Personas Bloqueadas” cuando existan indicios de vínculos con operaciones de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, obligando a las instituciones financieras a suspender de inmediato cualquier movimiento en las cuentas señaladas.
Actualmente, este tipo de bloqueos sin orden judicial solo se aplican de forma directa en casos derivados de solicitudes internacionales; sin embargo, la propuesta pretende extender esta facultad a investigaciones de origen nacional, con el objetivo de fortalecer la protección del sistema financiero mexicano.
No obstante, el planteamiento ha generado debate. Mientras que autoridades y sectores afines lo consideran una herramienta clave contra el crimen organizado, especialistas y actores políticos advierten posibles riesgos en materia de derechos humanos, como afectaciones a la presunción de inocencia y al debido proceso.
El proyecto contempla que las personas afectadas puedan ejercer su derecho de audiencia posteriormente, a fin de demostrar la legalidad de sus recursos.
La resolución que adopte la Corte podría sentar un precedente relevante en el equilibrio entre seguridad financiera y garantías individuales en México.
