Fue un giro poco común en la política. Este martes, los gritos de protesta no fueron contra el gobierno, sino que lo respaldaron. Habitantes de la colonia La Cantera, en Santa Clara Ocoyucan, alzaron la voz frente a Palacio municipal para pedir al gobernador Alejandro Armenta que actúe contra un enemigo en común: Grupo Proyecta.
La empresa inmobiliaria, conocida por su millonario desarrollo en Lomas de Angelópolis, intenta —según los vecinos— despojarlos de sus tierras. Lo irónico, que la firma ya se enfrentó con el gobierno estatal al negarse a donar dos hectáreas destinadas a la construcción de viviendas para elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.
Claudia Morales es una de las 300 familias afectas, recibió amenazas por parte de Grupo Proyecta para que desaloje su vivienda, bajo el argumento que la inmobiliaria cuenta con documentos que los acredita como dueños.
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La situación es tensa: al menos 300 familias viven con el temor de ser desalojadas. Claudia Morales, una de las afectadas, explicó que se trata de espacios adquiridos con esfuerzo, donde cada metro cuadrado, Grupo Proyecta busca adquirirlo en 600 pesos cuando su costo real es de mil pesos.
Los pobladores identificaron como piezas clave del hostigamiento al director de Obras Públicas de la empresa, Raúl Garduño; al contador Arturo Cerón; y a una vecina, Julia Cosme, quienes —afirman— han actuado como emisarios de Grupo Proyecta para intimidarlos y dividirlos.
El epicentro del conflicto es La Cantera, una colonia que se ha vuelto símbolo de resistencia frente a la expansión de proyectos de lujo como Lomas de Angelópolis III y City Lomas Ocoyucan.
Los colonos acusaron que desde hace al menos tres años, la empresa ha emprendido una estrategia de despojo en la que, a través de empleados de la firma, han presionado a varias familias a abandonar sus predios y algunas lo han hecho, ya sea por miedo o por la promesa incumplida de una reubicación digna.
“Los quieren mandar a La Quebradora. Ahí sólo hay piedra, cerros, un lodazal, son ejidos o terrenos que no valen, no tienen nada”, expresó una de las inconformes al hablar de La Quebradora, la zona a donde son enviados quienes ceden a la presión.
Además de la precariedad de estos espacios, los vecinos aseguran que existe una operación deliberada para mantenerlos fuera del marco legal y así facilitar futuros desalojos.
El resultado: más de 300 personas hoy viven bajo constante amenaza, con el temor de que sus hogares sean destruidos o que ellos mismos terminen en prisión, como ya ocurrió con Emiliano, un líder vecinal encarcelado por lo que califican como delitos fabricados.
“Emiliano está en prisión con acusaciones falsas, y lo mismo nos puede pasar a nosotros, tenemos miedo, por eso estamos recurriendo al gobernador porque nadie tiene la fuerza para enfrentar a este Grupo Proyecta que es tan poderoso”, sostuvo Claudia Morales.
Durante la protesta, los vecinos acusaron que los hermanos Posada, dueños de Grupo Proyecta, han ingresado maquinaria pesada a la zona para cumplir su objetivo de demoler viviendas.
Uno de los casos más emblemáticos es el de una casa destruida hace seis meses por la inmobiliaria, bajo el argumento de que eran los “legítimos propietarios”.
Sin embargo, los habitantes aseguran contar con contratos y minutas que respaldan su tenencia, adquirida desde el año 2000 por Saulo Lamadrid Morales, quien a su vez compró a los ejidatarios.
🧵1/4 LOS POSADA CUETO: el imperio inmobiliario que se construyó sobre tierras ejidales en Puebla. Una historia de despojo, presión, tala masiva y viviendas sin servicios. Aquí la línea del tiempo que lo explica. 👇 #GrupoProyecta #Puebla pic.twitter.com/2SDsSJizHH
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Los manifestantes afirmaron que la presión ha ido en aumento, al grado de recibir amenazas directas de ser desalojados por la fuerza pública. Además, señalaron a los hermanos Rafael y Gabriel Posada Cueto, por presionar a los ejidatarios para revender parcelas que ya habían sido previamente adquiridas, lo que ha derivado en una disputa legal sin precedentes en la región.
Al lugar acudió un representante de la Secretaría de Gobernación estatal, quien acordó una reunión entre una comisión vecinal y la Consejería Jurídica del estado para escuchar sus demandas.
