En el corazón de la Sierra Norte de Puebla, donde alguna vez se escucharon consignas obreras y fue la cuna de históricos líderes sindicales, hoy se murmuran cifras millonarias, transacciones eléctricas y cables que alimentan el misterio de una granja de minería de criptomonedas.
La historia involucraría a personajes de alto perfil y un entramado que, sin señalar culpables directos, advierte la posibilidad de que los bienes nacionales otorgados en comodato al Sindicato Mexicano de Electricistas podrían estar siendo usados para fines que nadie autorizó.
A pesar de que para la disidencia del SME no hay duda del involucramiento del propio dirigente de la organización, Martín Esparza, y sus esbirros -como el diputado local del PT Miguel Márquez Ríos y Luis Ramón Marín Barrera, candidato a magistrado en la elección del Poder Judicial Federal-, aún queda una duda central por aclarar: ¿Qué sabe la empresa portuguesa Mota Engil en México sobre el caso?
De acuerdo con Mario Benítez, integrante del Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval” AC – grupo disidente del SME–, para entender quiénes serían los responsables de este saqueo es necesario remontarse al 2009, cuando el gobierno de Felipe Calderón decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Aquel acto, que dejó sin empleo a más de 40 mil electricistas, fue el punto de partida de una larga lucha del SME por recuperar sus derechos. Fue hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto que se pactó una «solución»: se entregaron al sindicato 4 plantas generadoras, 49 predios y el uso de bienes nacionales mediante un acuerdo con la empresa Mota Engil, dando origen a la sociedad «Generadora Fénix».
El trato parecía un rescate, pero los números, de inicio, cuentan otra historia. Según el vocero del Frente Amplio de Unidad, de 2015 a 2022 la venta de energía eléctrica por parte de Generadora Fénix superó los 32 mil millones de pesos.
De esa cifra, el 49 por ciento correspondería al SME, sin embargo, el reparto entre los 14 mil trabajadores sindicalizados fue, según Benítez, insultante: apenas 4 mil pesos al año por trabajador, es decir, 14 pesos diarios.
La historia no termina en los estados financieros. A inicios de este año, las autoridades federales descubrieron una granja de criptomonedas en la sede del SME en Puebla. Un operativo conjunto de la Guardia Nacional, Ejército y Marina cortó la electricidad en el lugar. Y nada más. No hubo sellos de clausura, ni investigaciones públicas, ni detenidos, solo cables arrancados y un silencio sepulcral.
¿Qué alimentaba a esa granja? Según Benítez, el suministro eléctrico provenía de la hidroeléctrica de Necaxa, una de las plantas entregadas al SME como parte del acuerdo con Peña Nieto.
“La hidroeléctrica es parte de un patrimonio de la nación, si la están usando para producir criptomonedas en un edificio sindical, eso no puede hacerse sin que alguien sepa. Y si Mota Engil es socia de Fénix, ¿de verdad no están al tanto?”.
Mota Engil México ha ganado contratos multimillonarios con gobiernos de todos los colores. Fue, por ejemplo, una de las empresas consentidas en la construcción del Tren Maya; y hoy comparte sociedad con el SME a través de Generadora Fénix, por lo que, para el Frente Amplio de Unidad, la pregunta para el corporativo es clara: ¿Qué sabe de la granja de criptomonedas en Puebla?
De acuerdo con Mario Benítez, Martín Esparza sigue al frente del sindicato y a su sombra se mueve Miguel Márquez Ríos, diputado local en Puebla por el Partido del Trabajo (PT), exelectricista, y pieza clave del engranaje que sostiene el control del SME en la región.
Según diversas fuentes, Márquez era el encargado de esa sede sindical en Puebla y ha intentado deslindarse del escándalo asegurando que el local “fue rentado” a un tercero, situación que, para el FAU, implicaría un doble delito pues al ser un bien nacional, no podría hacer uso de este para otros fines.
“Él dijo que existe un contrato de arrendamiento y que iba a exhibirlo públicamente, pero hasta la fecha no lo ha hecho, pero además la Ley Federal del Trabajo prohíbe expresamente que los sindicatos se dediquen a actividades con fines de lucro. No pueden rentar inmuebles sindicales ni recibir dinero por ello, si lo exhibe, está aceptando que cometió un delito”, expuso Mario Benítez.
Y agregó: “Miguel Márquez por ahora, guarda silencio. Ya varios reporteros lo han buscado, pero no responde a nadie, se esconde”.
Debido a este hallazgo, el Frente Amplio de Unidad exigió una auditoría. De hecho, el pasado 8 de abril protestaron en la sede principal en Coyoacán del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), la instancia encargada de vigilar el uso correcto de los bienes de la nación.
La petición no solo fue hacer una investigación sobre la granja de criptomonedas clausurada en Nuevo Necaxa, sino también revisar la operación de 49 predios otorgados al sindicato, que podrían ser utilizados para fines no declarados.
El problema trasciende a lo local, toda vez que, de acuerdo con el Frente, además de Puebla, hay indicios claros sobre granjas de criptomonedas operando en sitios como Hidalgo y Estado de México.
Los otros rostros
Además del SME y la empresa Mota-engil, que ostentan instalaciones presuntamente utilizadas para huachicoleo eléctrico, en recientes días saltaron a la luz más conexiones de perfiles políticos que podrían estar ligados a las granjas de criptomonedas.
El inmueble, cerrado por la Marina en Nuevo Necaxa, tendría conexión con un personaje que hoy busca un lugar en el Poder Judicial: Luis Mario Marín Barrera, aspirante a magistrado en materia administrativa y, casualmente, originario de la misma tierra donde floreció el huachicoleo eléctrico.
El dato curioso: arrancó su campaña judicial justo en Huauchinango. Y más curioso aún: reconoció públicamente que su familia estuvo vinculada con Luz y Fuerza del Centro, según publicó el medio de comunicación Ambas Manos.
Sostiene la información, Marín Barrera no camina solo, pues su padrino político es el diputado federal Ignacio Mier Bañuelos, hijo del senador morenista Nacho Mier, a quienes habría buscado los días 19 y 25 de marzo en San Lázaro, presuntamente buscando su respaldo para la magistratura.
