La administración encabezada por Alejandro Armenta Mier concretó una de las decisiones financieras de mayor impacto para el estado al cerrar de manera anticipada la deuda del Museo Internacional del Barroco (MIB) mediante la contratación de una línea de crédito por 2 mil millones de pesos.
Así lo informó la secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, Josefina Morales Guerrero, durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno, donde expuso el estado que guardaban las finanzas públicas y los principales pasivos heredados.
La funcionaria explicó que el contrato de crédito fijó un plazo máximo de un año para su liquidación y precisó que la decisión de recurrir a este mecanismo no respondió a una falta de liquidez, sino a una estrategia de disciplina financiera orientada a evitar recortes en programas sociales y preservar el equilibrio presupuestal.
En relación con los compromisos financieros de largo plazo, la titular de Finanzas detalló que los contratos de Asociaciones Público-Privadas correspondientes a las plataformas de Audi y al Centro Integral de Servicios mantienen un saldo conjunto de 4 mil 381 millones de pesos.
A ese monto se sumaron juicios pendientes de resolución cuyo impacto económico potencial ascendió a 4 mil 113 millones de pesos, los cuales, afirmó, se litigaron con diligencia jurídica para proteger el patrimonio estatal.
Derivado de las negociaciones impulsadas por Armenta, a siete meses del inicio de su gestión, a partir del 23 de junio el Museo Internacional del Barroco pasó a ser propiedad del estado sin necesidad de cubrir los casi 10 mil millones de pesos que restaban por pagar en el contrato original, mediante un pago único de 2 mil millones de pesos que puso fin al acuerdo con Grupo Hermes, empresa propiedad de Carlos Hank Rhon.
Con esta operación, Puebla evitó un desembolso superior a 8 mil millones de pesos y recuperó el control total de uno de sus inmuebles culturales más emblemáticos, al eliminar una carga financiera heredada de administraciones anteriores.
Caso Accendo: la disputa legal continúa
Durante su exposición, Morales Guerrero también abordó la inversión fallida en Banco Accendo, donde el gobierno estatal colocó 604 millones 996 mil pesos en 2021.
La funcionaria aclaró que este asunto trascendió el ámbito civil o mercantil, al derivar en procedimientos penales y administrativos para deslindar posibles responsabilidades.
Detalló que su dependencia presentó tres denuncias administrativas ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como tres denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República.
“Nosotros no denunciamos personas, presentamos denuncias de hechos y conductas; serán las instancias correspondientes las que determinen si existen funcionarios con responsabilidad”, puntualizó.
Asimismo, informó que el gobierno estatal promovió un recurso legal contra la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, con el propósito de modificar el orden de pago y mejorar las posibilidades de recuperar la inversión, luego de que el proceso de liquidación acumuló cuatro años sin avances sustantivos.
Actualmente, el Gobierno de Puebla ocupa el turno 219 dentro del cuarto grupo de prelación, de los cinco en que se organizan los acreedores de Accendo Banco, y se ubica en el lugar 23 de su categoría para reclamar los recursos invertidos, a la espera de la resolución que emitan las autoridades federales.
