Morena endureció su discurso interno y lanzó una advertencia directa a presidentes municipales y legisladores que se aparten de los principios de la Cuarta Transformación, luego del escándalo generado por una obra de elevado costo en Xicotepec, exhibida públicamente por el gobernador Alejandro Armenta Mier.
El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla anunció que sostendrá reuniones con alcaldes, diputados locales y federales para verificar que el ejercicio del poder se mantenga dentro de los márgenes de honestidad, austeridad y transparencia, y que la obra pública no esté marcada por prácticas de corrupción.
El representante del partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Alfonso Bermúdez, advirtió que los ediles emanados de Morena sí son evaluados por los órganos internos del partido y que, en caso de detectarse irregularidades, las sanciones pueden ir desde una amonestación pública hasta la expulsión definitiva, lo que implica no volver a ser postulados como candidatos.
“Hablo en general, pero el castigo más severo es claro: no volver a ser candidato con nosotros, y eso sí que es castigo”, sentenció.
Bermúdez recordó que todos los servidores públicos de Morena firmaron un decálogo ético que establece los principios obligatorios para gobernadores, presidentes municipales y diputados. Para vigilar su cumplimiento, la consejera estatal Olga Romero Garci Crespo instruyó al Consejo Estatal a revisar la conducta y las decisiones de los funcionarios del partido.
Las reuniones se llevarán a cabo en dos bloques: primero con los 54 presidentes municipales electos por Morena y posteriormente con los ediles que llegaron al cargo en coalición con el PT y el PVEM. Un tercer encuentro será con diputados locales y federales, a quienes también se les exigirá apego estricto al decálogo.
El dirigente partidista subrayó que este documento no es retórico y debe cumplirse en todos sus puntos, especialmente la tolerancia cero a la corrupción y la obligación de orientar la inversión pública y los servicios hacia quienes menos tienen.
Xicotepec, el punto de quiebre
El endurecimiento del mensaje ocurrió tras la visita del gobernador Alejandro Armenta a Xicotepec, donde criticó el modelo de contratación de obra pública que, dijo, encarece artificialmente los proyectos mediante intermediarios privados.
Como contraste, Armenta expuso que su administración optó por adquirir módulos propios de pavimentación y utilizar materiales suministrados por Pemex, lo que permitió rehabilitar vialidades como las laterales de la Recta a Cholula con una inversión de 16.7 millones de pesos, sin empresas intermediarias.
Aunque el alcalde Carlos Barragán defendió el costo de la obra al señalar la longitud del tramo intervenido, el gobernador insistió en que los sobrecostos suelen estar ligados a prácticas irregulares y dejó abierta la posibilidad de que existieran “moches”.
Ante el reto de someter el caso a la Auditoría Superior del Estado, el edil aceptó la revisión, aunque negó haber incurrido en anomalías.
El caso adquirió mayor relevancia debido a que la empresa responsable de la pavimentación de la calle Aviación, con una inversión superior a 4.5 millones de pesos, ya había sido observada por instancias federales por presuntas irregularidades en obras desarrolladas en la capital poblana durante la administración del exalcalde panista Eduardo Rivera Pérez.
Se trata de Desarrolladores e Inmobiliarios Tajomaa SA de CV, propiedad de Guadalupe Marisol Navarro, firma encargada de la pavimentación con concreto hidráulico en la localidad de Villa Ávila Camacho, en Xicotepec.
Seguridad y deslinde de responsabilidades
En otro tema, Bermúdez respaldó el llamado del gobernador Armenta para que se investigue la posible colusión de autoridades municipales con el robo de vehículos, particularmente en municipios del llamado Triángulo Rojo.
“No podemos condenar ni afirmar que algunos alcaldes estén involucrados, pero tampoco negar la posibilidad. No somos Auditoría ni Fiscalía”, afirmó.
El llamado, dijo, es a que las autoridades competentes lleven a cabo las investigaciones correspondientes, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
Cabe recordar que Armenta señaló recientemente que municipios como Esperanza, Ciudad Serdán, Tecamachalco, Palmar de Bravo y Quecholac se convirtieron en puntos para el desmantelamiento de autos robados, una práctica que, acusó, se desarrolla con la permisividad de autoridades municipales.
