El olor a gas llegó antes que el fuego. Fue una advertencia breve, casi inútil, durante la tarde del 2 de enero, cuando el puesto de birria “La Güera”, instalado sobre la avenida 117 Poniente, en la unidad habitacional Agua Santa, permanecía lleno de familias que buscaban cerrar el día con un plato caliente. Segundos después, el estallido rompió la rutina: un tanque de gas explotó y salió proyectado como un misil, arrastrando consigo la tranquilidad del lugar.
El saldo fue devastador: 17 personas con quemaduras, entre ellas tres menores de edad. Desde entonces, el accidente dejó de ser una estadística para convertirse en una herida abierta en varias familias que hoy reclaman justicia, atención médica y responsabilidades claras frente a lo que califican como una cadena de negligencias toleradas por la autoridad.
Entre los heridos están Jennifer Amanda Carrizo, de 23 años; José Barrientos, de 24, y su hijo Liam, de seis años. Ese día habían salido de hacer compras en la plaza Centro Sur y, como de costumbre, se detuvieron a comer birria. La explosión los alcanzó de lleno.
De acuerdo con los reportes oficiales, un tanque de gas de 10 kilogramos presentó una falla y explotó, impactando un segundo cilindro del mismo peso. El primero salió proyectado hasta 400 metros, mientras el fuego consumía la lona del puesto y el pánico se apoderaba de los comensales.
Elementos de Protección Civil, paramédicos y bomberos acudieron al sitio, acordonaron la zona y trasladaron a los lesionados a distintos hospitales. Dos de ellos permanecen en estado grave. Jennifer y José continúan internados en el Complejo Médico Gonzalo Río Arronte, en Atlixco; su hijo fue dado de alta la misma noche del siniestro.
Pero tras el estruendo vino el silencio.
“Mis tíos salieron corriendo porque la lona derretida cayó encima de José; Jennifer fue la más afectada porque estaba más cerca del tanque”, relató Victoria Espinoza, sobrina de la pareja. “Hasta hoy, los dueños del negocio no han dado la cara. Fuimos a la Fiscalía, levantamos la denuncia y no hemos tenido noticias”.
Las versiones sobre la propietaria del puesto resultaron confusas. Familiares aseguraron que primero dijo estar detenida y luego que había huido. En redes sociales circuló la versión de que buscaba apoyar a los lesionados, pero el contacto se diluyó.
“Nos dijeron que no tenía dinero, que quien podía ayudar era su hermana. Después, nada”, contó Victoria.
Otro testimonio fue el de Yocelyn, hermana de Jennifer, quien permaneció hospitalizada junto con su esposo debido a las quemaduras y, por el momento, cuidó de su sobrino Liam.
La ayuda, finalmente, llegó por otra vía. Eduardo Andrade Sosa, identificado como líder de los tianguistas de Agua Santa, asumió los gastos médicos de varios heridos en hospitales del Sur, Cholula, el Niño Poblano y Atlixco. No ocurrió lo mismo con la dueña del negocio, quien hasta ahora no ha sido localizada públicamente.
“Es la única información que se tiene: la dueña del negocio no ha dado la cara y no se sabe si el número que nos dio es verídico o si solo fue para darnos el avionazo y decirnos que habría apoyo; a la mera hora, su supuesta familiar solo nos ha dicho que está detenida”, dijo.
Sin embargo, Andrade Sosa también fue señalado desde 2019 como uno de los principales promotores del comercio informal en la colonia, donde se cobra una cuota semanal de 90 pesos a los vendedores, sin claridad sobre el destino de ese recurso, pese a ostentarse como presidente del Comité Administrativo de la unidad habitacional.
La tragedia reavivó un debate incómodo en Puebla: el descontrol del comercio ambulante y la ausencia de supervisión efectiva, un problema que, de acuerdo con vecinos y comerciantes formales, no es nuevo.
En ese contexto, el accidente de Agua Santa se sumó a una serie de denuncias públicas y señalamientos contra la Dirección de Vía Pública, encabezada por César Bermúdez Olivier, alias El Gallo, señalado reiteradamente por permitir la instalación de puestos sin permisos ni medidas mínimas de seguridad.
En su historial también se le vinculó con diversos escándalos, desde presunta venta de narcóticos hasta persecución de la disidencia, como aliado de grupos de choque conocidos como porros, desde su paso por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la máxima casa de estudios.
Apenas en julio de 2025, un enfrentamiento entre ambulantes y personal municipal en el Centro Histórico volvió a exhibir la tensión constante y la opacidad en la regulación del espacio público.
El choque ocurrido en la calle 8 Poniente y 3 Norte del Centro Histórico de Puebla dejó al descubierto la mala fama de El Gallo. En un video difundido en Facebook por un medio de Tlaxcala se observó la llegada del director de Vía Pública con al menos cinco acompañantes vestidos de civiles, portando un radio portátil desde el cual dio órdenes para bloquear calles con camionetas pick up, presuntamente municipales, aunque sin rotulación oficial.
En cuestión de minutos, los vendedores ambulantes intercambiaron palabras con los presuntos funcionarios y en el video se observó cómo comenzaron los empujones y golpes, con un saldo de al menos tres personas heridas.
¿Qué relación guarda ese episodio con la explosión? Para las familias afectadas, la respuesta fue clara: una ley que no se aplica, un comercio que se instala sin reglas y un riesgo latente para la vida de los ciudadanos.
Desde el Ayuntamiento, el director de Gestión de Riesgos, Rubén Borau García, explicó que Protección Civil solo interviene cuando se trata de actividades autorizadas, como ferias, conciertos o festividades, donde se exigen válvulas de alto flujo, mangueras especiales, extintores, botiquines y seguros de daños a terceros.
En este caso, al tratarse de un comercio en vía pública, “son totalmente irregulares”, y el operativo corresponde a Vía Pública, la Secretaría General de Gobierno o, en su caso, a Seguridad Ciudadana. En la situación del accidente en Agua Santa, afirmó, “el responsable es el dueño del negocio y es una cuestión entre particulares”, ya que no existían permisos ni siquiera una solicitud de regularización para el uso adecuado de instalaciones de gas.
“Ahí también entra mucho la conciencia de quien ofrece el servicio y de quien lo utiliza. Cuando se trata de eventos grandes, nosotros estamos ahí y hacemos las revisiones para la seguridad de todos los ciudadanos, pero cuando son vendedores ambulantes no hay operativo por las funciones que nosotros cubrimos; nosotros atendemos comercio regulado, tiendas, restaurantes, bares”, dijo.
En otras palabras, el puesto que explotó no existía para la autoridad hasta que el gas lo volvió visible. La explosión en Agua Santa no fue solo un accidente: fue el síntoma de un desorden normalizado, de un riesgo cotidiano que solo se vuelve urgente cuando alguien termina quemado.
