En los primeros días de enero el Congreso del Estado pondrá en la mesa, a través de foros, una reforma electoral con el fin de evitar que haya candidatos delincuentes o con vínculos criminales, esto luego de que ha habido respaldo de figuras políticas a Antonio Martínez El Toñín, relacionado con el robo de combustible en la región del Triangulo Rojo.
El presidente de la Jugocopo, Pavel Gaspar Ramírez indicó que la propuesta comenzará su estudio en 2026 y se realizarán mesas de trabajo para analizar las modificaciones a la ley para que los partidos políticos estén obligados a establecer “candados” cuando busquen a perfiles para postularlos a un cargo de elección popular.
Gaspar explicó que, si bien actualmente la legislación electoral ya contempla la revisión de antecedentes penales de quienes buscan una candidatura, la realidad ha demostrado que estos filtros resultan insuficientes para evitar que personas relacionadas con estructuras criminales lleguen a ocupar cargos municipales o de representación.
“En la ley está: los partidos deben tener cuidado con las personas que proponen. Por eso se piden antecedentes penales, y aun así están pasando. Por eso vamos a hacer un estudio exhaustivo para que no queden presidentes municipales vinculados con delincuentes”, afirmó.
Los foros y mesas de trabajo iniciarán en 2026, durante el siguiente periodo ordinario del Poder Legislativo. La reforma será uno de los temas pendientes que el Congreso buscará desahogar como parte de una agenda enfocada en blindar a los municipios y garantizar que los procesos electorales no sean vulnerados por intereses criminales.
El legislador señaló que el objetivo es robustecer el Código de Instituciones y Procesos Electorales de Puebla para cerrar cualquier resquicio que permita a familias o grupos ligados al crimen, especialmente en regiones donde operan estructuras de huachicol, narcomenudeo o tráfico de mercancía ilegal, incidir en la vida pública o interferir en la estabilidad social.
Respaldan a Segob ante amenazas de El Toñín
Pavel Gaspar también manifestó su respaldo al secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, luego de que Antonio Martínez, alias El Toñín, presunto líder huachicolero en la zona del Triángulo Rojo, emitiera amenazas contra el funcionario a través de redes sociales.
El legislador recordó que estas tensiones surgieron tras los bloqueos registrados la semana pasada en la autopista Puebla-Orizaba, donde un grupo de agricultores y campesinos obstruyó la vía presuntamente incitado por perfiles vinculados a Martínez y por actores políticos interesados en generar inestabilidad.
Durante la protesta, los manifestantes vitorearon a la alcaldesa de Quecholac, Guadalupe Martínez, hija de El Toñín, quien acudió al bloqueo y fue recibida con aplausos. En el mismo contexto, los inconformes también mencionaron al diputado federal Ignacio Mier Bañuelos (hijo del senador Ignacio Mier Velazco) y a la legisladora priista Nadia Navarro.
¿Cómo llegaron candidatos o familiares de presuntos delincuentes a alcaldías?
Entre 2024 y 2025 han aflorado casos en Puebla donde figuras vinculadas públicamente con huachicol o delitos de alto impacto, o bien familiares cercanos, llegaron a competir y, en algunos casos, a asumir cargos municipales.
Ejemplos recientes: la alcaldesa de Quecholac, hija de Antonio El Toñín, presunto líder huachicolero; y Juan Lira Maldonado, alias El Moco, vinculado por autoridades a redes de robo de combustible y aún así participó como candidato en Chignahuapan.
Pese a las acusaciones y señalamientos públicos, la legislación y la práctica institucional actual permiten que estas personas o sus allegados sean postuladas y registradas como candidaturas mientras no exista una inhibición legal firme, es decir, una sentencia definitiva o inhabilitación judicial.
En la práctica esto significa que una persona señalada pero no condenada puede registrarse y competir.
Los partidos son quienes proponen a los candidatos y, aunque están obligados a pedir documentos, como los antecedentes penales, la calidad del escrutinio interno varía. En muchos casos los partidos postulan a personas porque son electoralmente fuertes, por control territorial o por conveniencias clientelares, aún si existe información pública que los vincula a la delincuencia.
Donde existen liderazgos criminales locales, no es raro que un familiar cercano aparezca como candidato para mantener control político sin que la persona señalada figure formalmente en la boleta, esto complica más la acción legal. Los casos recientes en Quecholac ilustran ese patrón.
Pero otro caso es el de Juan Lira Maldonado, alias El Moco, en el municipio de Chignahuapan, Puebla, quien pese a sus antecedentes, en 2024 el partido Fuerza por México lo postuló como candidato a la alcaldía de Chignahuapan.
Ganó la elección, pero el proceso fue anulado por irregularidades. Luego el Congreso de Puebla nombró un Concejo Municipal, lo que provocó que El Moco movilizara a sus seguidores y tomaran la presidencia municipal de manera ilegal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le negó un amparo que le dio la libertad en 202 cuando fue arrestado por primera vez, esto permitió que la Fiscalía del Estado lo rehaprendiera en febrero de 2025 tras ser identificado como un objetivo prioritario del gobierno, señalado como presunto líder huachicolero en la Sierra Norte de Puebla.
El Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla tiene disposiciones sobre inelegibilidades y requisitos, y ha sido reformado en años recientes; sin embargo, su aplicación práctica depende de la actuación del IEE o los tribunales electorales, así como de la prueba jurídica que sustente el impedimento del registro o triunfo. Es decir, no basta una sospecha periodística para anular una candidatura.
