Perú planteó este miércoles en la OEA que se reinterprete el derecho de asilo diplomático tras el caso de la exprimera ministra Betssy Chávez, refugiada en la embajada mexicana en Lima, una crisis que provocó el rompimiento de relaciones entre ambos países.
México se opuso a la demanda del canciller peruano Hugo de Zela porque a su juicio la Organización de Estados Americanos (OEA) no es el marco para reformar ese derecho, inscrito en la Convención de Caracas de 1954.
Betssy Chávez es reclamada por la justicia peruana por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
Perú propone que al evaluarse los pedidos de asilo diplomático «la naturaleza de los delitos se analice de manera oportuna y objetiva, con información proporcionada por el Estado territorial, así como por otras fuentes confiables», declaró el canciller en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.
La Convención de Caracas fue un instrumento pionero para regular el asilo diplomático y garantizar el refugio a personas perseguidas por razones políticas en la región, en plena Guerra Fría.
Sin embargo, varios países no firmaron o ratificaron esa Convención, como Estados Unidos o Colombia.
El artículo 9 de esa convención establece que el funcionario que reciba la solicitud de asilo «tomará en cuenta las informaciones que el gobierno territorial le ofrezca para normar su criterio».
A juicio del canciller peruano, esa decisión no debe «depender exclusivamente de un criterio subjetivo».
La posibilidad de una cooperación judicial internacional para un proceso de extradición «se presenta remota en el contexto de una relación bilateral debilitada por la concesión unilateral del asilo», añadió.
«Particularmente cuando ha sido motivada por consideraciones ideológicas», dijo Hugo de Zela.
A sugerencia de otros países miembros de la OEA, Perú solicitó el parecer del Comité Jurídico Interamericano (CJI), declaró el canciller.
La OEA no es competente para evaluar esas demandas, replicó la embajadora mexicana ante el Consejo Permanente, Luz Elena Baños Rivas.
«No se puede revisar, reinterpretar ni modificar un instrumento internacional sin la presencia y el consentimiento de todos los Estados parte de dicho instrumento», recalcó la diplomática.
«Solo una fracción de los Estados hoy presentes [en la OEA] son partes del Tratado. Varios no lo son. Y hay un Estado parte que no está sentado en esta mesa porque no participa en la organización», añadió, en alusión a Venezuela.
