El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley General del Agua mientras afuera grupos campesinos bloqueaban accesos con tractores y denunciaban engaños, en una sesión marcada por gritos, reclamos y un choque político que dejó abierta la discusión de más de 500 reservas hasta el cierre de esta edición.
Las tensiones en San Lázaro crecieron desde la mañana cuando grupos campesinos cerraron los accesos con tractores y acusaron a Morena de empujarlos hacia un cambio legal que, según dijeron, afectará sus derechos históricos sin ofrecerles claridad en los nuevos procedimientos, en una jornada que evidenció la fractura política sobre el agua.
La mayoría de Morena y sus aliados impulsó el adelanto del debate y fijó el ritmo de la discusión con una votación que abrió paso al dictamen con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones, en medio de pancartas, gritos y acusaciones que marcaron el tono de la sesión mientras el tablero reflejaba una correlación de fuerzas ya conocida.
En paralelo, la presión social se acumuló afuera del recinto donde los productores insistían en que el Gobierno federal presentó una reforma que generaba incertidumbre, mientras organizaciones del norte del país advirtieron que el acceso al agua forma parte del valor de sus tierras y temen que la eliminación de la transmisión privada de concesiones los deje vulnerables.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, defendió el dictamen y afirmó que incluye 50 precisiones para afianzar la soberanía hídrica, priorizar usos domésticos y alimentarios, proteger el binomio tierra-agua y mantener intactos los derechos sucesorios, con un mensaje directo a los inconformes: “Provenimos del campo y no traicionaremos a los productores”.
La presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Elizabeth Cervantes de la Cruz, sostuvo que el texto aprobado “le cierra la puerta a la corrupción, a los abusos y al mercado negro que lucró con el vital líquido”, al subrayar que el decreto garantiza el derecho humano al agua mediante un sistema de concesiones ordenado y transparente.
La diputada recordó que en las audiencias públicas participaron más de cuatrocientas personas de distintos sectores y afirmó que el nuevo Registro Público Nacional de Agua será la herramienta para frenar el acaparamiento y eliminar manejos opacos que, según dijo, caracterizaron la etapa anterior desde 1992.
En contraste, legisladores del PRI y el PAN acusaron a Morena de engañar a las organizaciones rurales y sostuvieron que la reforma coloca a los campesinos en una zona de incertidumbre, agrava su posición jurídica, centraliza el control del agua y abre espacios a la discrecionalidad que podrían usarse como mecanismo de presión política en comunidades vulnerables.
El coordinador del PAN, Elías Lixa, alertó que la norma concentra poder en el Gobierno federal y advirtió que el agua no debe convertirse en “botín ni herramienta de presión”, al señalar que la estructura legal propuesta abre la puerta a decisiones opacas que afectarían las actividades productivas del país.
A su vez, el coordinador del PRI, Rubén Moreira Valdez, calificó de perverso que Morena no modificara los puntos de fondo y acusó que la desaparición de la Comisión Nacional de Zonas Áridas elimina un apoyo clave para los productores más pobres, además de reclamar la falta de consultas a pueblos indígenas como obliga la Constitución.
Dentro del recinto, el ruido de los reclamos se mezcló con la dinámica inusual de la sesión porque, pese al avance del dictamen en lo general, seguían pendientes más de quinientas reservas inscritas por ciento cincuenta y cuatro oradores, de las cuales solo dieciocho tendrán viabilidad por acuerdos de la mayoría.
La discusión también estuvo influida por el posicionamiento de Conagua, cuyo titular, Efraín Morales, afirmó que el nuevo modelo redefine la gestión hídrica al reconocer el agua como un bien estratégico del Estado, sustituir la lógica de mercancía y cancelar concesiones acaparadas o sin uso que, señaló, distorsionaron el mercado durante décadas.
El funcionario explicó que el Estado será la única autoridad facultada para otorgar concesiones y que la compraventa de títulos entre particulares será eliminada para frenar el mercado negro, mientras el Fondo de Reserva de Aguas concentrará recursos destinados a comunidades que carecen de acceso al líquido.
Asimismo, Morales defendió que las herencias y compraventas de predios se mantendrán sin afectación, aunque admitió que algunos grupos “ven afectados intereses favorecidos durante muchos años” y denunció una campaña de desinformación que, según dijo, busca sembrar miedo entre productores.
A media tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la reforma y consideró que quienes la rechazan “tienen muchísimas concesiones de agua”, muchas sin uso o con irregularidades, por lo que pidió poner orden para evitar la sobreexplotación y garantizar el derecho humano al agua.
El choque político quedó marcado por las acusaciones de PRI y PAN, que insistieron en que el Gobierno federal pretende un control político sobre el recurso hídrico, mientras Morena apeló a la necesidad de corregir un modelo que, según sus legisladores, permitió el acaparamiento y la formación de redes privadas que lucraron con concesiones desde mediados de los noventa.
Al cierre de esta edición, el pleno seguía desahogando las reservas que marcarán la versión final del dictamen, en un proceso que anticipaba una madrugada larga donde la mayoría legislativa buscaba concluir la discusión y enviar la minuta al Senado con la mayor rapidez posible.
