En el estado Puebla, el corazón del problema del transporte público no está en las unidades desgastadas ni en la inconformidad ciudadana, sino en un entramado financiero heredado desde 2013 que, según el Gobierno del estado, sigue drenando recursos y atando jurídicamente a la administración actual. José Luis García Parra, coordinador del Gabinete estatal, describió este esquema como un auténtico “cártel de concesiones” que opera a través de contratos blindados y deudas disfrazadas.
De acuerdo con el funcionario, la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) fue construida sobre un modelo de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) que comprometió dinero público durante décadas.
Expuso que cancelar la concesión de sus cuatro líneas no solo es casi imposible: costaría 22 mil millones de pesos, una cifra que por sí sola permitiría renovar por completo el transporte público y reemplazar unidades.
El coordinador explicó que estos convenios se amarraron jurídicamente de tal forma que cualquier intento de rescindirlos se volvería un golpe financiero para el estado.
García Parra recordó además que, tan solo por mantenerse en ese esquema, Puebla desembolsó hasta la fecha más de 4 mil millones de pesos en 11 años y todavía restan 29 años más para liquidar el contrato original firmado en el sexenio de Rafael Moreno Valle.
“En Puebla nos estamos enfrentando con el cartel de las concesiones que nos dejaron los gobiernos de la derecha. Desde 2013 nos dejaron deudas disfrazadas de obligaciones financieras, desarrollaron todo un sistema corrupto de saqueo, torcieron la ley, la modificaron con ayuda del Congreso para legalizar el saqueo”, sentenció.
Agregó que el problema no se limita al transporte, toda vez que otro contrato que afecta la vida diaria de los poblanos es el del servicio de agua potable, entregado a Agua de Puebla desde 2013.
Recuperarlo implicaría más de 7 mil millones de pesos, según cálculos del gobierno estatal, por lo que García Parra recordó que legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano que votaron a favor de entregarle el servicio al concesionario hoy son los mismos que critican su intento de poner orden.
“En el 2013 decidieron quitarle el agua a los poblanos, le quitaron también la facultad al Congreso de revisar las tarifas, estamos en manos de los privados y es una concesión igualmente amarrada desde el andamiaje legal”, apuntó.
