A cuatro días de que concluya el proceso de Revista Vehicular, el Gobierno de Puebla informó que 19 mil de las 34 mil unidades del transporte público ya aprobaron la verificación correspondiente, lo que representa 55.8 por ciento del padrón estatal.
La secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús, afirmó que este avance confirma la respuesta del sector luego de 12 años sin verificación real de las condiciones del transporte público.
El cierre de la Revista dará paso a operativos obligatorios para revisar que todas las unidades cuenten con cámaras y botones de pánico en funcionamiento, pues la funcionaria sostuvo que durante sexenios anteriores estos dispositivos se colocaron solo “de adorno”, sin garantizar seguridad a los usuarios.
“No tienen los botones de pánico ni las cámaras de vigilancia, por lo que cuando hicieron su Revista Vehicular, nos firmaron una carta compromiso para que, al término de la Revista, en 2026 hagamos la revisión operativa para que todos cuenten con esto. Si de estas 19 mil unidades, mil las tienen (cámaras-botones) son muchas, fue una absoluta simulación”, sentenció.
Por otro lado, Tanús Osorio señaló que la regularización avanza gracias a los estímulos fiscales que dio la administración de Alejandro Armenta, entre ellos la eliminación de trámites costosos: sólo en este periodo, el gobierno dejó de recaudar 46 millones de pesos para permitir que los concesionarios se pusieran al corriente sin cargas económicas excesivas.
Además de la Revista, el Ejecutivo presentó el programa de apoyos para el transporte público, cuyo esquema contempla un fondo inicial de 200 millones de pesos a fondo perdido, destinado al enganche para sustituir unidades modelo 2015 o anteriores por vehículos híbridos, eléctricos o de bajas emisiones. El subsidio cubre hasta el 20 por ciento del costo de la unidad.
La secretaria de Movilidad también anunció una reducción del 40 por ciento en el costo de certificaciones y la disminución drástica del pago por competencias: de 700 pesos a solo 20 pesos.
Además, el gobierno eliminó trámites que por años habían sido utilizados para “castigar” a los transportistas. Por ejemplo, el cambio de concesión, que costaba 34 mil pesos, quedó en cero y se ampliaron las vigencias de taxis de siete a 10 años, para beneficiar a más de 10 mil operadores.
Regularización y medidas contra abusos
Con más de 19 mil unidades verificadas, el Gobierno de Puebla indicó que el reordenamiento se enfoca también en la seguridad del usuario. Y es que, según Silvia Tanús, las quejas contra el transporte público continúan, toda vez que reportes más recurrentes apuntan a un patrón que se repite: conductores que exceden los límites de velocidad, maltrato a los usuarios y cobros fuera de tarifa.
Tanús señaló que estas prácticas han derivado en sanciones tanto para concesionarios como para choferes, además, la dependencia volvió a llamar a los permisionarios a mejorar la atención al usuario, pues entre las denuncias destacan casos en los que los operadores se niegan a subir a adultos mayores o personas con discapacidad, así como unidades que circulan en malas condiciones mecánicas.
Entre las rutas más señaladas por los poblanos, dijo, se encuentran la 76, 10, 25, 3 y la línea Azteca, que de forma constante acumulan reclamos por manejo temerario y actitudes agresivas.
A la par, la discusión sobre un posible ajuste a la tarifa volvió a tomar fuerza. Sin embargo, la secretaria explicó que el gobierno estatal no tomará ninguna decisión hasta que concluya la revisión vehicular que se realiza en todo el estado.
Una vez finalizada, se elaborará un estudio técnico para definir si existe la necesidad de aumentar el costo del pasaje y de ser así, en qué proporción, pero aclaró que, a diferencia de otros años, el proceso no será una negociación previo a la renovación de unidades, sino al revés: primero deberá garantizarse un transporte “decente” y posteriormente se revisará la tarifa.
Van por 5 corralones
Mientras se analiza el tema tarifario, el gobernador Alejandro Armenta anunció otro frente de acción: la creación de cinco corralones estatales que operarán sin intermediarios privados, con el fin de frenar abusos en los cobros por arrastre y resguardo de vehículos.
Estas instalaciones estarán ubicadas en la zona de Tecamachalco–Tepeaca–Acatzingo, San Martín Texmelucan, la Mixteca, la Sierra Norte y la capital poblana, y según Armenta, el objetivo es terminar con prácticas donde el costo del corralón o la grúa llegaba incluso a superar el valor del automóvil involucrado.
“Son cinco corralones, para que ya se preparen, en propiedad del Estado, para combatir el abuso y proteger a los automovilistas, porque lamentablemente pasaba lo mismo con las ambulancias privadas, lo digo con mucho respeto, igual que con las grúas”, explicó.
Piden evitar desmantelamiento de unidades
Por otro lado, el gobernador Alejandro Armenta lanzó un llamado directo a alcaldes y habitantes para frenar cualquier participación en rapiñas o desmantelamiento de camiones robados.
De acuerdo con el mandatario, grupos delictivos han encontrado refugio en algunas localidades donde, con tolerancia de autoridades municipales, se desarman unidades hurtadas en carreteras estatales y federales.
Armenta advirtió que quienes permitan o participen en estas actividades pueden ser acusados por delitos graves, incluida asociación delictuosa, por lo que pidió a los Ayuntamientos reportar cualquier punto de operación criminal a los números 089 y 911.
