La iniciativa fue aprobada por unanimidad del Congreso local al contabilizar 36 votos y fija, por ejemplo, una serie de reglas para que las dependencias que ejercen recursos prioricen obras y proyectos que atiendan directamente a comunidades rurales y zonas marginadas.
La administración estatal deberá justificar cada inversión con expedientes técnicos completos y con estudios que demuestren el impacto socioeconómico esperado.
Otra de las restricciones incorpora un candado al crecimiento del gasto destinado a sueldos y prestaciones, un rubro que forma parte del capítulo 1000.
Ahora, ningún aumento podrá hacerse sin la autorización de la Secretaría de Finanzas, que además tendrá la facultad de ajustar los presupuestos aprobados según los ingresos reales que reciba el estado a lo largo del año.
El proyecto aprobado incluye cambios importantes como la actualización de los nombres de dependencias y la homologación de procesos con el Sistema Integral de Administración Financiera, la plataforma donde se registran todas las operaciones presupuestales, desde los poderes legislativo y judicial hasta los organismos autónomos y los municipios.
El objetivo es que todas las áreas del gobierno operen bajo las mismas reglas, lo que en teoría reducirá errores, agilizará trámites y permitirá una mejor fiscalización.
Uno de los puntos más llamativos es la creación del capítulo denominado “Declaración Especial de Ausencia”, que faculta a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración a establecer cada año en la Ley de Egresos, el monto máximo que podrá usar el gobierno estatal para cubrir indemnizaciones ordenadas por autoridades judiciales.
Por otro lado, el Congreso también autorizó que los 217 Ayuntamientos puedan contratar créditos durante el periodo 2024–2027, siempre y cuando los tomen con instituciones que ofrezcan condiciones favorables.
Los municipios podrán respaldar los préstamos con recursos del FAISM, el Fondo General de Participaciones o el Fondo de Fomento Municipal.
Una de las restricciones es que cualquier deuda deberá pagarse en un máximo de 937 días, sin rebasar el 14 de octubre de 2027, cuando concluyen las administraciones municipales en curso.
