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noviembre 6, 2025
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Uriel “N”, el presunto acosador de la presidenta, llega al Reclusorio Norte

El hombre acusado de agredir a la presidenta Claudia Sheinbaum y a dos mujeres más fue ingresado al Reclusorio Norte. En las próximas horas, un juez decidirá si enfrenta cargos por acoso sexual y abuso en agravio de varias víctimas.

La tarde de este jueves, la Ciudad de México fue escenario de un operativo discreto pero simbólico. Uriel “N”, señalado por acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue trasladado por elementos de la Policía de Investigación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana desde la Fiscalía de Delitos Sexuales hasta el Reclusorio Norte, donde permanecerá a disposición del Poder Judicial.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que mañana se llevará a cabo la audiencia inicial, en la que se definirá la situación jurídica del acusado. Se prevé que la representación social solicite vinculación a proceso y prisión preventiva, pues existen al menos tres denuncias activas en su contra.

Uriel “N” fue detenido luego de que una joven de 25 años pidió auxilio a la policía por haber sido víctima de tocamientos. Los uniformados lograron ubicar al sospechoso y, tras su captura, se verificó que coincidía con el hombre que horas antes había vulnerado el espacio personal de la presidenta durante un recorrido público.

La agresión quedó documentada en videos que circularon ampliamente en redes sociales. Las imágenes mostraron cómo el individuo se acercó a Sheinbaum en plena vía pública y le dio un beso en el cuello, sin su consentimiento.

En la carpeta judicial también figura un tercer caso de acoso cometido el mismo día en las calles Bolívar y Tacuba, lo que refuerza el perfil de reincidencia que la Fiscalía busca acreditar ante el juez.

La mandataria federal presentó una denuncia escrita y pidió que se investigue el caso sin trato especial. “Como cualquier mujer que ha sido violentada, quiero que se investigue y que haya justicia”, expresó.

El traslado del acusado al Reclusorio Norte no solo obedece a un procedimiento penal: expone la necesidad de fortalecer la política pública contra la violencia sexual y de garantizar que los agresores enfrenten consecuencias.

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