Durante la conferencia matutina, el director general para América del Sur de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Pablo Monroy Conesa, explicó que los casos de Betsy Chávez y del expresidente Pedro Castillo están completamente relacionados. Recordó que Betsy Chávez fue primera ministra durante el gobierno de Castillo y que ambos enfrentan acusaciones similares por el delito de rebelión.
Monroy señaló que Pedro Castillo fue electo democráticamente por el pueblo peruano, pero antes de asumir el cargo hubo una campaña para impedir su llegada al poder. Mencionó que se le acusó falsamente de fraude electoral y que incluso despachos de abogados fueron contratados para intentar anular miles de votos a su favor, especialmente en las zonas pobres del sur andino.
Una vez en el poder, Castillo —dijo— fue objeto de hostigamiento constante por parte de grupos políticos y de poder. En los catorce meses que duró su gobierno, enfrentó tres intentos de destitución, acusaciones de corrupción, inspecciones judiciales sin precedentes en Palacio de Gobierno y hasta cargos de traición a la patria por haber declarado que consideraría consultar al pueblo peruano sobre una salida soberana al mar para Bolivia.
El funcionario relató que el 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció la disolución del Congreso para convocar nuevas elecciones, lo que llevó a su detención pese a conservar fuero constitucional. Posteriormente, el Congreso lo destituyó sin reunir los votos necesarios y violando sus propios procedimientos. El Poder Judicial le dictó prisión preventiva por el delito de rebelión, que se prolongó por más de dos años sin iniciar el juicio.
Añadió que en marzo de 2025 comenzó finalmente el proceso judicial, aunque —según explicó— no existen elementos para sostener el delito de rebelión, ya que la ley peruana lo define como un alzamiento armado, y en esa fecha nadie se levantó en armas por órdenes del expresidente.
Monroy afirmó que los procesos legales contra Castillo y Chávez presentan múltiples irregularidades que equivalen a violaciones a los derechos humanos. En el caso de Betsy Chávez, dijo, además de ser acusada de rebelión, se le imputan otros delitos como conspiración, y ha denunciado abusos durante su encarcelamiento. Un tribunal le otorgó la libertad condicional, y posteriormente solicitó asilo diplomático a México, petición que fue evaluada conforme al derecho internacional y nacional.
El funcionario subrayó que México actuó conforme a los principios de su política exterior, que prioriza la protección de los perseguidos políticos. Recordó que el delito de rebelión es considerado un delito político en diversas legislaciones, por lo que el asilo otorgado es procedente.
Monroy enfatizó que México no interviene en los asuntos internos del Perú y que su posición se basa en principios de solidaridad y respeto al derecho internacional. Subrayó que, a diferencia de las medidas adoptadas por el gobierno peruano, México no declaró persona non grata a ningún representante o autoridad de ese país y mantuvo sus relaciones diplomáticas y consulares, en reconocimiento al “profundo respeto y cariño por el pueblo peruano”.
