La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró la posición del gobierno mexicano respecto a la situación política en Perú. “Nosotros defendemos la Constitución y la autodeterminación de los pueblos”, declaró, al recordar que México no reconoce a Dina Boluarte como presidenta tras su destitución por incapacidad moral aprobada por el Congreso peruano.
La mandataria insistió en que el gobierno mexicano considera la salida de Pedro Castillo Terrones como un golpe de Estado y demandó que se le garantice un juicio justo. “Nuestra solidaridad con él continúa; fue un hecho injusto y seguimos pendientes de su situación”, señaló.
Asimismo, informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ofrecerá una explicación formal sobre las razones diplomáticas de la postura mexicana. Sheinbaum subrayó que México mantendrá una política exterior basada en los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación y respeto a la soberanía, pilares de su política internacional.
El Congreso de la República del Perú destituyó en la noche de este jueves a la presidenta Dina Boluarte, tras aprobar cuatro mociones de vacancia que declararon su “permanente incapacidad moral” para ejercer el cargo. Con 122 votos de un total de 130, los legisladores pusieron fin a un gobierno marcado por la impopularidad, las acusaciones de corrupción y las denuncias por violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2022 y 2023.
Boluarte no acudió al hemiciclo para ejercer su defensa. La votación, celebrada cerca de la medianoche, culminó un proceso político acelerado que en otras circunstancias debía tomar entre tres y diez días, pero que fue reducido a pocas horas gracias a un acuerdo entre bancadas opositoras y antiguos aliados de la mandataria.
La primera presidenta mujer del Perú, de 63 años, asumió el poder el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta. En aquel momento prometió “pacificar el país”, pero su administración heredó y amplificó la crisis institucional que ha llevado a Perú a tener seis presidentes en apenas siete años.
Entre los motivos de la destitución figuran acusaciones de enriquecimiento ilícito —por el caso conocido como Rolexgate, donde habría recibido relojes de lujo— y la matanza de más de 50 personas durante la represión de las manifestaciones contra su gobierno. También se le señala por abandonar el cargo durante una cirugía estética no informada oficialmente, en julio de 2023, cuando se firmaron decretos con su rúbrica presuntamente falsificada.
Boluarte mantenía una aprobación de apenas 3 por ciento, la más baja de cualquier presidente latinoamericano. En su defensa pública, había insistido en que las acusaciones eran “ataques políticos” y que saldría de Palacio de Gobierno “con las manos limpias”.
El concepto de “incapacidad moral permanente” está contenido en el artículo 113 de la Constitución peruana, y ha sido el argumento utilizado para destituir a varios mandatarios recientes, entre ellos Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo. La figura, ambigua y polémica, no define con claridad los límites entre responsabilidad política y moral, lo que ha convertido al Congreso en un poder que puede remover presidentes por mayorías simples y criterios subjetivos.
La destitución se da a menos de seis meses de las elecciones generales previstas para abril de 2026. El Congreso anunció que José Jerí Ore, actual titular del Legislativo, asumirá el cargo interino hasta que se nombre un nuevo presidente provisional.
La salida de Boluarte no disipa la crisis que arrastra el país desde hace más de una década. Con un sistema fragmentado y un Parlamento con baja legitimidad, Perú vuelve a abrir un capítulo de inestabilidad que parece no tener fin.
