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octubre 3, 2025
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Detienen a socia de la Guardería ABC tras años prófuga en Estados Unidos

Sandra Lucía Téllez Nieves, copropietaria de la Guardería ABC en Hermosillo, fue detenida tras su deportación de Estados Unidos. Enfrenta una condena de cinco años y siete meses por homicidio y lesiones culposas derivadas del incendio que en 2009 cobró la vida de 49 menores.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este viernes la detención de Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las socias fundadoras de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. La mujer fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil de Hermosillo luego de ser deportada desde Arizona, Estados Unidos, donde permanecía bajo custodia desde enero de este año.

Téllez enfrenta una sentencia condenatoria por los delitos de homicidio y lesiones culposas, al ser considerada responsable del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la estancia infantil subrogada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La tragedia provocó la muerte de 49 niñas y niños menores de cinco años y dejó con lesiones graves a más de 106 menores.

En 2016, un tribunal federal dictó contra ella una condena de 28 años, 11 meses y 4 días de prisión, sin embargo, tras interponer diversos recursos de apelación y amparo, su pena fue reducida a cinco años y siete meses. Durante este tiempo se mantuvo prófuga, hasta ser detenida en Eloy, Arizona, en enero de 2025, y sometida a un proceso de deportación que concluyó el 3 de octubre.

El caso ABC expuso graves irregularidades en el sistema de guarderías subrogadas del IMSS. La investigación reveló que las salidas de emergencia estaban bloqueadas, el material de construcción era altamente inflamable y no se contaba con protocolos de seguridad adecuados. Aunque se abrieron procesos contra más de 20 exfuncionarios públicos, la mayoría no cuenta con sentencia firme, lo que ha generado indignación en los familiares de las víctimas.

Hasta ahora, los colectivos de padres no han emitido un pronunciamiento sobre la captura de Téllez Nieves. En reiteradas ocasiones, las familias exigieron que los responsables enfrentaran su condena en México, denunciando que la tragedia fue consecuencia directa de la corrupción y negligencia de autoridades estatales y federales.

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