El 23 de septiembre, al salir del Hospital General de Huauchinango, vecinos y transeúntes quedaron sorprendidos al observar que un cuerpo sin vida era subido a la parte trasera de una camioneta oficial. La víctima era un hombre de la tercera edad. El destino fue el anfiteatro local, pero el método utilizado se convirtió en motivo de indignación pública.
Testigos aseguraron que la imagen del cadáver transportado sin la discreción ni el cuidado necesarios evidenció la carencia de recursos en la región. En redes sociales, fotografías y comentarios circularon con rapidez, acompañados de exigencias para que se garantice un trato respetuoso y digno a los fallecidos.
La polémica creció cuando se conoció que no se trató de un error aislado. En distintas comunidades de la Sierra Norte de Puebla, la escasez de unidades especializadas del Servicio Médico Forense obliga a que cuerpos sean trasladados en vehículos oficiales no diseñados para esa tarea.
La Fiscalía General del Estado de Puebla reaccionó con un pronunciamiento oficial. “Lamentamos profundamente los hechos ocurridos en Huauchinango y expresamos nuestra solidaridad con los familiares”, señaló la dependencia. Explicó que en el momento del incidente la unidad del Semefo asignada a la región estaba atendiendo otro reporte, lo que obligó a usar un vehículo ministerial.
La institución reconoció la falta de sensibilidad con que se manejó la situación y admitió la necesidad de fortalecer los recursos que durante años han sido insuficientes. Al mismo tiempo, informó que solicitó un aumento significativo de presupuesto para 2026, con el propósito de adquirir más unidades forenses y mejorar los insumos disponibles para la procuración de justicia.
“Reafirmamos nuestra responsabilidad institucional y trabajamos de manera constante para que situaciones como esta no se repitan”, afirmó la Fiscalía en su mensaje.
Pese a la disculpa institucional, la exigencia ciudadana no se limita a las promesas. Habitantes de Huauchinango piden acciones concretas, como la creación de un protocolo regional de traslados y la verificación periódica de que las unidades estén disponibles en todo momento. Para muchos, no se trata solo de un tema operativo, sino de respeto a los derechos humanos.
Especialistas en seguridad y justicia consultados en medios locales advirtieron que lo ocurrido es reflejo de un déficit presupuestal crónico en la procuración de justicia en Puebla. Recordaron que situaciones similares se han denunciado en otras zonas del estado, lo que apunta a un problema de carácter estructural más que a un accidente circunstancial.
La indignación en Huauchinango abre un debate más amplio sobre el trato a los fallecidos y sus familias. En la región, los habitantes exigen que nunca más un cuerpo humano sea trasladado de forma improvisada. El reclamo de fondo es claro: la dignidad no puede depender de la disponibilidad de un vehículo.
