El exalcalde Eduardo Rivera Pérez enfrenta un nuevo frente político, pero ahora desde la Cámara de Diputados federal, luego de que no pudiera solventar las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la cuenta pública 2023, en la que se advierte un posible desfalco por 200 millones de pesos.
A decir de Nora Merino Escamilla, diputada federal del Partido del Trabajo (PT) e integrante de la Comisión de Vigilancia en San Lázaro, el caso del exedil panista no quedará en el olvido, pues la Cámara de Diputados revisará a fondo el estatus del expediente.
La situación Rivera Pérez es todavía más complicado debido tanto la ASF como la Auditoría Superior del Estado advirtieron un posible daño patrimonial por mil 771.4 millones de pesos a su paso por el Ayuntamiento de Puebla.
De acuerdo con los informes emitidos por ambas auditorías, el exedil panista enfrenta señalamientos sobre un presunto desfalco al erario estatal por mil 571.4 millones de pesos, a los que se suman otros 200 millones que no pudo solventar en el ámbito federal.
De acuerdo con Nora Merino, Rivera Pérez evadió por completo su responsabilidad política y legal, pues el plazo otorgado por la Comisión de Vigilancia de la ASF para solventar el uso de 200 millones del año 2023 ya venció. El exedil panista, dijo, optó por el silencio, en lugar de presentar las pruebas requeridas.
“Prefirió callar antes que rendir cuentas claras. Eso demuestra que su gestión distó mucho de la honestidad y la transparencia que presumía”, denunció la legisladora.
Además, insistió en que tanto Rivera como su suplente en la presidencia municipal, Adán Domínguez Sánchez, deberán explicar el destino de los recursos observados.
No vamos a permitir que ambos se retiren de la vida pública sin responder por las observaciones, advirtió.
Merino Escamilla fue más allá al señalar que dichos recursos se habrían utilizado para impulsar la campaña política de Rivera Pérez rumbo a la gubernatura de Puebla, contienda en la que fue derrotado en 2024.
El señalamiento, dijo, resulta “preocupante” porque exhibe que una administración que presumía de buenas prácticas de transparencia terminó manchada por la opacidad y los intereses personales.
Con este nuevo capítulo, la figura de Rivera Pérez, quien aspiraba a consolidarse como líder opositor en Puebla, queda colocada en el centro del debate político, ahora no por propuestas, sino por cuentas pendientes.
El expresidente municipal de Puebla enfrenta fuertes señalamientos por no haber solventado las observaciones realizadas a la cuenta pública 2023, tanto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como por la Auditoría Superior del Estado (ASE). A estas se suma el pendiente de aclarar anomalías detectadas en ejercicios anteriores.
Observaciones de 2022
En 2022, la ASE detectó un total de 423 millones 407 mil 594 pesos entre posibles daños patrimoniales y montos sin aclarar. De esta cifra, 45.6 millones fueron catalogados como daño patrimonial y 380.5 millones como recursos pendientes de comprobación.
El patrón fue el mismo: opacidad administrativa, ausencia de comprobantes, falta de evidencia documental y contratos asignados bajo adjudicación directa a proveedores recurrentes.
Escalamiento en 2023
Para 2023, último año de gestión de Rivera Pérez, las cifras se dispararon. La ASE reportó mil millones 148 mil pesos en observaciones, de los cuales 261.2 millones corresponden a un posible daño patrimonial y 738.8 millones permanecen sin aclaración.
Un dato relevante es que más del 38% del presunto daño patrimonial se concentró en contratos de comunicación social, con 101.7 millones de pesos en 67 convenios con medios de comunicación, en plena etapa de promoción personal de Rivera rumbo a la gubernatura.
Otros montos sin justificar incluyen:
• 445.8 millones de pesos en un paquete de 24 obras públicas.
• 87 millones por irregularidades en la contratación de la empresa Total Play para servicios de videovigilancia.
• 30.9 millones por arrendamientos vinculados a eventos y jornadas municipales, con la empresa Remedios Producciones y Asociados como principal proveedora.
• 28.1 millones en anomalías por contratos con Arky Joman para mantenimiento de áreas verdes y fuentes, sin reportes técnicos que avalaran los servicios.
Esta misma empresa ya había sido observada en 2022 por un daño de 4.8 millones de pesos por el mantenimiento de 73 fuentes públicas.
Hallazgos de la ASF
La ASF también emitió observaciones en 2023: documentó un probable daño patrimonial de 186.2 millones de pesos, equivalente a casi la mitad del presupuesto auditado (416.6 millones).
El organismo emitió cuatro pliegos de observaciones y una solicitud de aclaración que abarcan:
• Pagos injustificados por paquetes alimentarios.
• Falta de documentación en el suministro de agua potable.
• Irregularidades en la carga de combustible de vehículos municipales.
• Contratos de obra pública sin actas constitutivas de las empresas participantes.
El mayor señalamiento fue por 122.1 millones de pesos, vinculados a la falta de evidencia en contratos de gasolina para vehículos oficiales.
Otros montos destacados fueron 28.9 millones en programas sociales, nóminas, distribución de alimentos y servicios artísticos.
También se encontraron 24.4 millones en contratos de infraestructura sin documentación comprobatoria. Sumó 8.5 millones en el suministro de agua a 64 inmuebles municipales con recursos federales y 2 millones en registros contables y pagos contractuales no aclarados.
Rivera Pérez dejó el Ayuntamiento en diciembre de 2023 para buscar la gubernatura de Puebla en las elecciones de 2024. Su suplente, Adán Domínguez, concluyó el periodo de la administración panista.
Tras la elección, el nuevo alcalde electo por Morena, José Chedraui Budib, denunció un hoyo financiero de 547 millones de pesos heredado por sus antecesores.
Sin embargo, lo detectado por la ASF y la ASE superó con creces esa cifra, revelando un nivel de observaciones que supera los mil millones de pesos en un solo ejercicio y que podrían ir en aumento mientras el exalcalde sigue sin aclarar.
