La persecución política en Venezuela se intensifica, advirtió el lunes una misión de expertos designada por la ONU, al señalar que la única esperanza de encontrar justicia para las víctimas reposa sobre las instancias internacionales.
La proclamación del presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato en medio de denuncias de fraude, desató manifestaciones que dejaron 28 muertos, unos 200 heridos y más de 2.400 detenidos que el gobierno tildó de «terroristas». Unos 2.000 fueron excarcelados.
«El Estado incrementó nuevamente la represión en momentos y acontecimientos de mayor tensión política, como fueron la toma de posesión presidencial en enero (…) a través de detenciones masivas», dijo la presidenta de la misión, la jurista portuguesa Marta Valiñas, ante la prensa.
Valiñas indicó que la misión, creada en septiembre de 2019 para investigar presuntas violaciones de derechos humanos en protestas antigubernamentales, documentó al menos 200 detenciones hasta el 31 de agosto de 2025.
Otros 14 arrestos fueron documentados en la primera mitad de septiembre, añadió.
«Las evidencias alcanzadas por la misión (…) confirman que el crimen de persecución fundado en motivos políticos continúa cometiéndose en Venezuela, sin que ninguna autoridad nacional demuestre voluntad de prevenir, perseguir o castigar» estas graves violaciones de derechos humanos, afirmó Valiñas.
Según la misión de Naciones Unidas, «la única esperanza de encontrar justicia para las víctimas reposa sobre las instancias internacionales».
La delegación de Maduro rechazó el informe al indicar que la misión fue creada «por motivaciones políticas orientadas al cambio de régimen».
Caracas indicó, además, que el documento «cita fuentes dudosas» y utiliza «testimonios inventados o no verificados».
El partido Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado, destacó que el informe confirma «que la represión sigue activa», así como los «crímenes de lesa humanidad por persecución política».
La propia Machado lleva más de un año en la clandestinidad tras denunciar fraude en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. La oposición reivindicó entonces el triunfo de su candidato, el exembajador Edmundo González Urrutia, exiliado hace un año.
El activista Rafael Uzcátegui, de la ONG Laboratorio de Paz, apuntó que estos informes «son insumos que pueden usarse en la Corte Penal Internacional o en tribunales de jurisdicción universal».
La ONG Foro Penal documentó en su informe del 15 de septiembre que en Venezuela hay al menos 823 presos políticos.
