El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció que su administración llevará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una serie de litigios para frenar lo que calificó como un intento de continuar saqueando las finanzas públicas del estado mediante contratos irregulares heredados de gobiernos anteriores.
Desde su postura como titular del Poder Ejecutivo, Armenta denunció que en sexenios pasados se firmaron convenios con empresas favorecidas mediante tramas de corrupción, apoyadas por funcionarios públicos, jueces federales y hasta ministros, quienes —dijo— actuaron en complicidad para simular obras y justificar pagos millonarios por proyectos inexistentes.
Uno de los casos más representativos es el del Hospital de la Niñez, antes conocido como Hospital del Niño Poblano, donde se detectaron contratos por obras «adicionales» que nunca se realizaron, pero que hoy comprometen al estado a pagar cifras elevadas.
“Nosotros estamos litigando eso, pero hay casos ya perdidos y se hizo por corrupción y complicidad entre autoridades, abogados y empresarios que alegaban obras inexistentes. Un caso lo tenemos en el Hospital de la Niñez”, remarcó.
Armenta cuestionó la actuación del anterior pleno de la SCJN, encabezado por la exministra Norma Piña Hernández, que —señaló— avaló resoluciones condenando a Puebla a pagar más de 3 mil millones de pesos por contratos irregulares. Entre los fallos más polémicos se encuentra el que ordena al gobierno estatal pagar 640 millones de pesos a Melgarejo Construcciones, como compensación por la cancelación de un contrato del Libramiento Poniente, firmado en el sexenio de Mario Marín y revocado por la administración de Rafael Moreno Valle.
“Estas sentencias no son justicia, son complicidad. Se construyeron desde la corrupción para seguir drenando al estado. Vamos a enfrentarlas con la ley, pero también con la dignidad de un pueblo que ya no acepta ser saqueado”, afirmó Armenta.
El mandatario hizo un llamado directo a los empresarios involucrados para que actúen con ética y responsabilidad, dejando atrás prácticas que formaban parte de un modelo político y económico agotado.
“Se acabó el tiempo del saqueo, del influyentismo disfrazado de inversión. Hoy el gobierno de Puebla defiende al pueblo, no a los intereses particulares”, concluyó.
