El coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, confirmó que ya hay una mesa de trabajo con la Consejería Jurídica para diseñar una iniciativa que reforme el Código Penal.
La finalidad: sancionar de manera específica prácticas como la simulación de actos jurídicos, la suplantación de identidad con fines patrimoniales y el uso de cargos públicos falsos para cometer fraudes.
La propuesta de reforma también contempla castigos más severos para notarios que participen por acción u omisión en este tipo de fraudes y para quienes se hagan pasar por funcionarios públicos con el fin de legitimar actos jurídicos fraudulentos.
El epicentro de la red parece tener coordenadas precisas: San Andrés Cholula. García Parra señaló que en ese distrito judicial se han identificado prácticas fraudulentas del denominado “Cártel del Despojo” que inició en Oaxaca y que hasta el momento suman siete víctimas en la entidad.
“Vamos a sancionar a quien simule tener un cargo público para generar este tipo de situaciones, a quienes cometan actos de fraude suplantando la identidad de un legítimo propietario o de un representante legal, y a quienes, desde notarías, se presten a estos hechos”.
Apenas el 2 de agosto, Mauricio, otro afectado, sumó su testimonio al expediente: “Fui notificado por un vecino que estábamos siendo desalojados de nuestros hogares, esto por una orden de un juez de Oaxaca que adjudicó nuestras casas en pago de una deuda de personas que nosotros ni siquiera conocemos”, relató.
Además, Juana, esposa de Juan Carlos, el primer denunciante, rompió el silencio para ratificar lo sucedido, al pedir la intervención del gobernador Alejandro Armenta y de la presidenta Claudia Sheinbaum para detener lo que calificó como “una injusticia legalizada”.
“Este inmueble, al igual que los otros de la misma calle, está bajo un crédito vigente con Infonavit. Seguimos pagando nuestra hipoteca y tenemos todos nuestros documentos en regla, carta libre de gravamen y pagos al corriente. Lo más indignante es que el abuso que ejecutaron indica que se trata de un terreno baldío y aún así procedieron a desalojar a familias que han habitado estas casas durante años. Nunca fuimos notificados de ese juicio y nunca tuvimos oportunidad de defendernos”, expresó a través de un video en tik tok.
Historia del despojo
Todo comenzó con una demanda en Cosolapa, Oaxaca. Una mujer llamada Emma Dulce Flores Hernández exigía el pago de una deuda de 1 millón de pesos a un hombre llamado Ángel Andrés Bustos Flores y éste ofreció como forma de pago un predio en San Andrés Cholula, Puebla.
La realidad es que ahí vivían al menos cinco familias, en casas compradas legalmente. El juez de Oaxaca, Paulino Coronel, autorizó el embargo sin investigar si el terreno ya estaba habitado o si pertenecía al supuesto deudor.
El exhorto fue turnado al juez de exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, José Cuauhtémoc Blázquez Guevara, quien ejecutó la orden sin dar aviso previo a los ocupantes.
Días después, el 16 de julio, policías y personas armadas llegaron a San Andrés Cholula y desalojaron los domicilios ubicados en la calle Rosendo Márquez de la colonia Gobernadores. Las casas fueron tomadas, muebles destruidos y los habitantes dejados fuera sin oportunidad de defenderse.
Personas como Ligia, Mauricio y Juan Carlos han alzado la voz denunciando que fueron desalojadas por un proceso del que nunca fueron parte, mientras sus viviendas fueron arrebatadas con base en un juicio al que ni siquiera fueron convocados. En el caso de Ligia, denunció que fue intimidada por sujetos armados que incluso conocían sus rutinas diarias.
Un detalle: tanto el demandante como el demandado en el juicio de Oaxaca viven en la misma calle donde ocurrieron los desalojos, y sus casas no fueron tocadas, lo que ha hecho que los vecinos sospechen que el juicio fue una simulación para legitimar el despojo.
Además, el juez de Puebla que ejecutó la orden, Cuauhtémoc Blázquez Guevara, ya había sido señalado por participar en desalojos irregulares en otros casos. Pese a los antecedentes, sigue firmando órdenes que afectan a ciudadanos poblanos.
Las investigaciones apuntan a una estructura que va más allá de Puebla y Oaxaca. Incluye jueces, notarios, funcionarios de catastros y abogados que se coluden para falsificar documentos, manipular juicios y transferir propiedades de manera ilegal.
Uno de los primeros en recibir sentencia fue Jorge N., exfuncionario del Instituto Catastral de Oaxaca, quien fue condenado a 8 años y 7 meses de prisión por manipular registros catastrales.
Su pareja sentimental y su padre, un notario, también están implicados. La Fiscalía de Oaxaca tiene más de 200 carpetas abiertas por este tipo de casos.
